Condena de un año de prisión al alguacil de Santa Cilia por un delito contra la salud pública

El Juzgado número dos de Huesca ha condenado con un año de prisión al alguacil de Santa Cilia por un delito contra la salud pública, por imprudencia grave, en su modalidad de sustancias nocivas para la salud, en agua destinada al consumo humano. Los hechos se remontan al mes de agosto del año 2011, cuando varios vecinos y visitantes del pueblo de Somanes, perteneciente a Santa Cilia, sufrieron intoxicaciones, tras beber agua que no había sido tratada para el consumo humano.

El alcalde de Santa Cilia, Manuel Máñez, ha querido defender la labor del alguacil. Asegura que “el único error fue no acordarse de que el clorador no funcionaba” y que le duele que se esté tratando “como a un delincuente” a un trabajador municipal que, asegura, “es un excelente trabajador y excelente persona”. “Por ser sincero y reconocer el error se encuentra en esta situación”, decía, a la vez que aseguraba que “sólo dos personas han querido sacar tajada de este asunto”.

José Luis Casado es uno de los afectados. Ha mostrado un “sentimiento agridulce” pero asegura estar muy satisfecho por la sentencia judicial. Asegura que tras la ingesta de esta agua sin potabilizar a su mujer le ha quedado una secuela crónica. Tras ello relata un “largo proceso médico con un fármaco que no está en el mercado cuyos costes ascienden a unos 6000 euros al mes que está asumiendo un laboratorio al estar inmersos en un ensayo clínico”. La sentencia judicial, que sí prueba el mal estado del agua, no ha llegado a probar la relación directa con la patología de esta mujer.

En su sentencia la juez sí considera probado que al agua consumida esos días carecía de tratamiento potabilizador alguno, siendo transportada y vertida en un depósito de OVIARAGON. Dicho depósito contaba con sistema de cloración automática, pero en ese momento estaba averiado. El acusado era la persona encargada de su mantenimiento y el único que, al parecer, conocía el estado de avería.

Esos días la pedanía de Somanes tenía problemas de abastecimiento de agua debido a la sequía de la época estival.

En la sentencia se obliga a pagar las costas del juico y las correspondientes indemnizaciones civiles. También se acuerda la suspensión de la pena privativa al ser menor de dos años, a condición que no delinca en el plazo de tres años.

La sentencia ha dejado un sabor amargo para el alcalde, que asegura que la próxima vez serán “más cautos y en vez de intentar trabajar con rapidez para que los vecinos puedan beber agua, si alguien tiene que quedarse 15 días sin agua potable lo estarán”.

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