Manifiesto de alcaldes y alcaldesas de Aragón por el agua pública en el Día Mundial del Agua

Ante la obligación europea de depurar las aguas usadas, la DGA aprobó el Plan de Saneamiento y Depuración de Aragón para cuya aplicacio´n pidio´ e incluso presiono´ a los Ayuntamientos para que le cedieran sus competencias en materia de depuracio´n. La mayori´a de los municipios (aunque no todos, como Zaragoza, Fabara, Bielsa y otros) las cedieron. Con esas competencias en su poder, la DGA creo´ el Instituto Aragone´s del Agua (IAA) y privatizo´ esos servicios, por comarcas. Las empresas adjudicatarias teni´an que buscar financiacio´n y construir las depuradoras para luego gestionarlas durante 20 an~os. La DGA por su parte, creo´ un nuevo impuesto, el ICA (Impuesto de Contaminacio´n de las Aguas), con el que preveía pagar esos contratos a las empresas. Sin embargo, este proceso de privatizacio´n del agua ha acabado ofreciendo un saneamiento muy caro; del orden de cuatro veces el de otras Comunidades similares en estructura poblacional, como Castilla-La Mancha o Castilla-Leo´n, con planes no privatizados. El IAA sobre-dimensiono´ y sobre-tecnifico´ las depuradoras, desoyendo las instrucciones oficiales al respecto para municipios con menos de 3000 habitantes. Estos sobrecostes, que multiplican hasta por tres la factura del agua, han supuesto el colapso del sistema, especialmente en las comarcas pirenaicas, donde las empresas adjudicatarias au´n no han construido las depuradoras, y por tanto esta´n incumpliendo sus contratos.

En este contexto, los Alcaldes y Alcaldesas abajo firmantes, DENUNCIAMOS:

El Plan de Saneamiento ha supuesto un proceso de privatizacio´n del agua en Arago´n, asi´ como una aplicacio´n del ICA tan arbitraria como injusta.

Los pueblos que cedieron competencias a la DGA y no disponen de depuradoras se sienten estafados porque se les cobra el ICA, al incumplir las empresas sus contratos, agravada al tener que pagar los Ayuntamientos ma´ximo canon de vertido a la CHE, por no depurar, y multas por no tener depuradoras, cuando las competencias son de la DGA.

140 M€ que envio´ Madrid hace an~os, para construir las depuradoras del Pirineo, como “Obras de Intere´s General del Estado”, fueron desviados por la DGA para otras obras, y sin embargo hoy, el mismo Ministerio que acepto´ ese desvi´o de fondos, impone multas a los Ayuntamientos, por no tener las depuradoras que e´l debi´a de haber construido.

Muchos pueblos fueron presionados, y los que no cedieron competencias han sido objeto de represalias. A algunos, como Bielsa, que no cedio´ competencias, se les licito´, a nuestro entender, de forma ilegal, la depuradora y se les cobra el ICA.

En Huesca, Teruel y cabeceras de comarca, que disponen de depuradoras propias (pagadas por la UE), cuya gestio´n se ha privatizado, el ICA supone entre 3 y 6 veces lo que les costari´a a los Ayuntamientos gestionarlas.

Los vecinos de Zaragoza, que no cedio´ competencias, asi´ como otras poblaciones de Arago´n, se vera´n obligados a pagar el ICA, adema´s de haber pagado sus depuradora los Ayuntamientos en una doble imposicio´n injusta que, en el caso de Zaragoza, esta´ recurrida ante el Constitucional.

Por todo ello, DEMANDAMOS:

1- Que las Cortes de Arago´n reformen sin demora la Ley de Aguas y Ríos de Arago´n de forma que deje de ser una Ley que ampara a las empresas privadas y desampara la situacio´n econo´mica y la gestio´n pública de los Ayuntamientos. En la medida que la DGA cobre el ICA a los vecinos de un municipio, esos fondos deben aportarse para la construccio´n y gestio´n de la depuracio´n en esos municipios, hayan cedido o no sus competencias. La Ley reformada debe atender con prioridad y con incentivos a los Ayuntamientos que, ejerciendo sus competencias, consigan ofrecer servicios de saneamiento eficaces y ma´s econo´micos.

2- Que la DGA denuncie los contratos que las empresas vienen incumpliendo desde hace an~os, exigiendo los dan~os y perjuicios causados a los Ayuntamientos que cedieron competencias; que facilite la recuperacio´n de competencias por parte de los Ayuntamientos que lo soliciten, y les facilite, en li´nea con la reforma legal exigida, el debido amparo y apoyo para construir y gestionar sus depuradoras sobre la base del ICA que les cobra a sus vecinos; y que reconozca como deuda de la DGA hacia esos Ayuntamientos, el ICA (y el canon de saneamiento) pagado, sin tener depuradoras, a la DGA y el canon de vertido pagado a la CHE.

3- Que se complete la auditoría de la Cámara de Cuentas sobre el Plan, de forma que se valoren, se analicen y se cuantifiquen opciones legales y econo´micas ante estos incumplimientos, se estudie la inconsistencia de los proyectos que han encarecido el ICA, por sobredimensionamiento y sobre-tecnificacio´n, y se valoren las consecuencias de la nulidad de pleno derecho de la licitacio´n de depuradoras por parte de la DGA sin haber recibido la cesio´n de competencias por parte de Ayuntamientos como el de Bielsa.

FIRMAN EL MANIFIESTO:

Isabel Guillén Tapia, Alcaldesa de San Juan de Plan,

Aitor Clemente Guillén, Alcalde de Aguaviva.

Pedro Bello Martínez, Alcalde de La Puebla de Hijar.

Pedro Santisteve Roche, Alcalde de Zaragoza.

Marta de Santos Loriente, Alcaldesa de Murillo de Gállego.

José Torralba Marcuello, Alcalde de Biscarrués.

Lurdes Ascaso Dieste, Alcaldesa de Sahún.

Miguel Guiu Royo, Alcalde de Pastriz.

Rubén Marco Armingol, Alcalde de Mallén.

Luis Solana Garcés, Alcalde de Artieda.

Daniel Périz Vizcarra, Alcalde de Lalueza.

Miguel Noguero Mur, Alcalde de Bielsa.

Francisco Domenech Villagrasa, Alcalde de Fabara.

Javier Samitier García, Alcalde de Mianos.

Luis Terrén Sanclemente, Alcalde de Villanúa.

Fernando Sanchez Morales, Alcalde de Canfranc.

José Álvaro Salesa Puente, Alcalde de Castiello de Jaca.

Enrique Pueyo García, Alcalde de Ainsa.

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