El Congreso respalda la iniciativa para garantizar los ingresos de las entidades afectadas por centrales hidroeléctricas

El Congreso ha aprobado la proposición no de ley del Grupo Socialista relativa a la tributación por el Impuesto sobre Actividades Económicas de las Centrales Hidroeléctricas e instalaciones anexas que reviertan al Estado por el transcurso del plazo de concesión, que insta al Gobierno a garantizar el nivel de los ingresos de las entidades locales afectadas por la finalización de la concesión de explotación de las centrales hidroeléctricas, que supondrá una merma de sus ingresos al estar exento el Estado del pago del Impuesto sobre Actividades Económicas.

Así, con esta iniciativa respaldada mayoritariamente en la Comisión de Hacienda y Función Pública, con el voto en contra del PP y Ciudadanos, se insta a adoptar cuantas medidas sean necesarias, proponiendo entre ellas la modificación de la normativa reguladora del Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE), para la sujeción del Estado al citado impuesto, en los supuestos de reversión, por transcurso del plazo de concesión, de centrales hidroeléctricas y sus instalaciones anexas, cuando la actividad económica haya estado previamente gravada y se continúe en el ejercicio de la misma. También pide actualizar el tipo impositivo aplicable a estas actividades, que desde 1990 no ha sido objeto de modificación.

“Entendemos que esta solución es la que más rápidamente y de forma más efectiva se puede poner en marcha”, subrayó en la defensa de la iniciativa Gonzalo Palacín, diputado por Huesca -una de las comarcas más afectadas-, “y también esta consensuada con organismos y asociaciones de representación de municipios afectados por estas centrales”, explicó para justificar la aprobación de la iniciativa en sus términos, sin incorporar enmiendas.

“Generalmente estas centrales hidroeléctricas están en los territorios que más están sufriendo la falta de oportunidades, que están sufriendo la despoblación y por lo tanto necesitan contar con recursos suficientes para poder hacer políticas y evitar que la gente que quiera vivir allí tenga que marcharse”, resumió.