El Plan de Depuración es insostenible según un informe de la Cámara de Cuentas de Aragón

Aunque hay correcciones que hacer, la Cámara de Cuentas de Aragón está conforme con los números del Instituto Aragonés del Agua.  Según Alfonso Peña, autor del primer informe que fiscaliza las actuaciones de este instituto público, "damos una opinión favorable pero hemos encontrado algunas incidencias o salvedades, como las llamamos nosotros, que se han identificado". En dicho documento concluye la Cámara de Cuentas que es necesario controlar más los grandes planes, como el de Depuración y Saneamiento y, aunque evita generalizar la sobre dimensión de este plan, sí detecta instalaciones desaprovechadas e infradotadas.  

Por primera vez, y con continuidad a partir de ahora, se han analizado las cuentas del Plan de Depuración, en el que sí hay sistemas demasiado grandes y otros a los que no les llega para atender las necesidades. La sostenibilidad del plan se debe sustentar en un mayor control y siendo conscientes de que, si Zaragoza no se apunta al ICA, habrá un déficit al final del plan superior a los 500 millones de euros.

Debería existir, apunta, un mayor control de las Cortes de Aragón para evitar que el coste pueda condicionar con estos grandes proyectos a futuros gobiernos regionales. Además, insisten en analizar muy bien los pros y contras de la construcción y gestión privada porque supone un importante coste añadido que no está ni siquiera justificado.

Además, en el control de la Cámara de Cuentas han detectado desajustes, como una mala contabilidad de las depuradoras, que supone un desajuste de 350 millones de euros. De hecho, reconocen que en 2015 no había fondos suficientes para todo por los recortes que se produjeron. Aun así, el Departamento de Desarrollo Rural está buscando ya soluciones.

Según ha explicado el autor del informe, el gobierno regional está corrigiendo los fallos en las cuentas, porque están en un proceso de adaptar los proyectos de ejecución también. Eso se traduce en que van a tener en cuenta una de las recomendaciones de la Cámara de Cuentas: que las depuradoras pendientes en zonas de menos de 1.000 habitantes equivalentes serán revisadas, puesto que el coste en 20 años sumaría 20 millones de euros. Detectan incorrecciones legales en ámbitos como el cumplimiento de la morosidad, contratación e incluso gestión de subvenciones.