Un cambio del PP en los Presupuestos Generales del Estado podría impedir la remunicipalización de servicios municipales

El ayuntamiento de Huesca ha mostrado su preocupación por cómo pueda afectar al proceso de remunicipalización de servicios una norma introducida por el Partido Popular en la tramitación de los Presupuestos Generales del Estado, que podría acabar impidiendo que pasaran a gestión municipal algunos de los servicios que el actual consistorio se marcó como objetivo.

El alcalde Luis Felipe recordaba que la remunicipalización se planteó para recuperar para lo público los servicios esenciales que otros gobiernos privatizaron. Por su parte, el concejal responsable de Municipalización, Luis Arduña, indicaba que llevan dos años trabajando en esta cuestión, con sindicatos y trabajadores, por lo que les preocupan las barreras que está poniendo el PP a esta cuestión, y quieren alertar de lo negativo que esto sería para Huesca.

El equipo de gobierno levanta la voz pidiendo responsabilidad y que no se prohíba que los trabajadores puedan convertirse en trabajadores indefinidos no fijos como consecuencia de procesos de recuperación de la gestión pública. Consideran que se trata de una norma dictada ad hoc para este tipo de procesos, porque es un atentado directo contra los trabajadores y trabajadoras.

Según Luis Arduña, el proceso de remunicipalización de limpieza viaria de FCC, que cuenta con 25 trabajadores, a Grhusa, es imparable, y se encuentra en un punto de no retorno. La concesión finaliza en junio, y en julio habrá una nueva gestión. El consistorio oscense querría también poder remunicipalizar la limpieza de edificios municipales y el servicio de asistencia domiciliaria. De salir adelante el proyecto presentado, podría acabar no siendo posible.

Los responsables municipales confían en que, en la tramitación parlamentaria de los Presupuestos Generales del Estado, esta medida decaiga, y se retire el proyecto.

Luis Felipe indicaba que la FEMP recordó entre 2011 y 2016, en España desaparecieron cerca de 100.000 trabajadores públicos. Creen que hay una intencionalidad de debilitar con las políticas neoliberales del Partido Popular a las administraciones públicas y ayuntamientos, de recursos humanos y de recursos económicos. Añadía que en los últimos 4 años, las corporaciones locales han ahorrado más de 20.000 millones de euros, en el último año más de 7000 millones de euros. Sin embargo, el Gobierno no deja que los ayuntamientos puedan gestionar ese superávit.