El Justicia sugiere cambiar la ley de coordinación de policías locales para evitar discriminación salarial

“A igualdad de funciones, igualdad de retribuciones”. Este axioma, avalado por la jurisprudencia, resume el principio de igualdad que obliga a las Administraciones públicas a asegurar a los ciudadanos un trato igual para supuestos iguales.

 

En el caso que nos ocupa, se traduce en  que los policías locales encuadrados en categorías de Oficial y Policía, tras la aprobación de la Ley 8/2013 de Coordinación de Policías Locales de Aragón, vean actualizada su retribución “congelada” consecuencia de las cláusulas limitativas del gasto público incluidas en dicha norma, impuestas por las leyes presupuestarias del Estado de los años 2014 y 2015.

 

Para ello, el Justicia de Aragón ha sugerido a la Administración autonómica que modifique  la Ley aragonesa, eliminando las restricciones al incremento del gasto público que impidieron que los policías locales integrados en el grupo C, subgrupo C1, vieran ajustado su sueldo de acuerdo a la categoría profesional.

 

La persona firmante de la queja aludía al eventual agravio comparativo que podía producirse respecto a funcionarios del Cuerpo que a través de procesos de promoción posteriores pasan a integrar la misma categoría, y que perciben unas retribuciones superiores,  al no aplicárseles las cláusulas limitativas del gasto público , pese a pertenecer a la misma categoría y desempeñar las mismas funciones.

 

El Justicia recuerda que Ley 48/2015, de 29 de octubre, de Presupuestos generales del Estado para el año 2016, levanta dicha limitación en cuanto a las retribuciones del personal al servicio público, por lo que se pueden estar vulnerando derechos individuales o colectivos de los ciudadanos.

 

El Gobierno de Aragón ha informado que acepta la Sugerencia de la Institución y que se tendrá en cuenta en la próxima reunión de la Comisión de Coordinación de Policías Locales de Aragón.

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