Un mes para estudiar 8000 páginas

José J. Escriche

Ayerbe

A la Confederación Hidrográfica del Ebro le ha costado más de tres años confeccionar el nuevo proyecto del pantano de Biscarrués que, con 51 Hm3, amplia en un 60% el proyecto que en su día rechazó la Unión Europea.

En su redacción han participado numerosos técnicos especialistas en sus diferentes disciplinas profesionales y tres consultorías distintas, con un coste aproximado de 1,5 millones de euros. El resultado es un proyecto que consta de más de 60 volúmenes que en total reúne cerca de 8000 páginas y planos.

Frente a esta disposición de tiempo y medios, para realizar las pertinentes alegaciones los afectados deberemos estudiar a fondo la documentación en 30 días hábiles, sin ayuda pública ni fácil acceso a la información necesaria y nos veremos obligados a realizar numerosas consultas a técnicos de todas las disciplinas que intervienen en el estudio.

Esto supondrá gastos y cientos de horas empleadas en realizar unas alegaciones consecuentes y pensadas para salvar al río y a la Galliguera del desastre medioambiental, económico y social al que le están conduciendo las mismas Administraciones que deberían ser garantes de su conservación.

De esta manera, los afectados sufrimos de indefensión administrativa frente a un organismo de cuenca que debería poner a disposición de todos los ciudadanos los medios y la información de que dispone, en lugar de utilizarlos en beneficio de sus organizaciones afines, llegando incluso a entorpecer nuestro legítimo derecho a la defensa.

Un mes es el tiempo mínimo que la ley permite conceder a quienes se sientan afectados por un proyecto semejante, pero la misma ley permite mayor plazo y los promotores deben concederlo a los afectados. Quizás no lo hagan porque no nos consideren perjudicados, negándonos el trato, la humanidad y la deferencia debida a quién, a la fuerza, se obliga a luchar por defender su forma de vida y su economía.

La Directiva Marco del Agua no solo exige a la Administración la conservación y cuidado de los ríos, sino que obliga a todos los ciudadanos a defenderlos manteniéndolos limpios y vivos. Con la premura en los plazos de presentación de alegaciones, el trato dispensado y la falta de información, la CHE no solo pretende acabar con nuestro futuro sino que nos impide cumplir con nuestras obligaciones como ciudadanos europeos.

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