Economía y negocios

UAGA pide la flexibilización de los pagos

El Departamento de Desarrollo Rural del Gobierno de Aragón, está ultimando el proyecto de liquidación provisional de las obras de interés común realizadas por la Administración en los sectores I y II de la zona regable de Monegros. El importe de los pagos es de 4.626 euros por hectárea y el reintegro -según la legislación actual, Ley del IRYDA de 1973- debe realizarse en 5 ó 20 años según si el agricultor es o no “modesto propietario”. UAGA considera que el pago de las obras de interés común exige una flexibilidad, debiendo establecerse un procedimiento que lo haga asumible.

Las transformaciones en regadío realizadas en las llamadas Zonas de Interés Nacional (Monegros y Bardenas, fundamentalmente), llevan aparejadas la realización de las llamadas “obras de interés común”, cuyo coste corresponde en un 60% al agricultor. Se trata fundamentalmente de la red secundaria de riegos y bombeo de los subsectores hidráulicos.

El pago de estas obras de interés común, en los sectores I y II de Monegros está generando una fuerte polémica, tanto por el coste que representan para los agricultores, como por lo inesperado de su exigencia y la imposibilidad de haber participado en su determinación. En efecto, los proyectos y las obras fueron ejecutados sin que los agricultores (que al final, deben pagarlas) pudieran intervenir de ningún modo.

UAGA considera necesario:

1.- Actualizar el concepto de “modesto propietario” de la zona regable para considerar un módulo de superficie de producción acorde con la realidad del sector, que supere el límite de 25 Has. Y en todo caso que el primer rango de superficie, se pueda acoger al pago en 25 años.

2.- Que el plazo de pago se acompase a los actuales criterios de amortización (25 años en inversiones de regadío).

3.- Que los agricultores profesionales tengan preferencia.

4.- Que la cantidad a liquidar no supere las referencias contenidas en el Plan de transformación de 1986.

Esta propuesta de procedimiento se ha presentado, por parte de UAGA, al Consejero de Desarrollo Rural y Sostenibilidad. UAGA manifiesta que el agricultor no puede ser el responsable de los sobrecostos que pudiera tener la obra y que el nuevo escenario financiero previsto por el Gobierno de Aragón, debe permitir el avance del regadío en el marco de una legislación propia de una sociedad democrática. UAGA reconoce el esfuerzo por desbloquear la situación y hace un llamamiento a todas las fuerzas políticas para que solucionen definitivamente el problema en todas las zonas de interés nacional, ya que esta situación se ha generado por su indecisión a lo largo de varias legislaturas

 
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