La Junta de Personal Docente ve muy mejorable el proceso de escolarización

La Junta de Personal Docente no Universitario de la provincia de Huesca, una vez finalizado el proceso de escolarización, propone que debería reformularse y estudiar modelos de escolarización más beneficiosos para la provincia, potenciando los centros públicos y cerrando paulatinamente vías en los centros de titularidad privada sostenidos con fondos públicos. Recuerdan que la demografía altoaragonesa ha sufrido un descenso considerable, y a pesar de ello, la administración educativa ha mantenido la mayoría de las vías de la concertada, lo que ha supuesto un derroche de dinero público, ya que los centros públicos podrían haber acogido a gran parte de ese alumnado.

La Junta indica que aunque la administración ha mantenido abiertas las vías públicas, la sobreoferta de plazas sin bajada generalizada de ratios, sobre todo en la ciudad de Huesca, ha tenido como consecuencia unas grandes diferencias entre centros, aumentando la desigualdad entre ellos, como ya advirtieron en su día a la Directora Provincial. Las familias que eligen los centros sobredemandados pueden llevar a sus hijos allí, sean o no de la zona.

Añaden que la administración ha llevado a cabo una reserva de plazas para el alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo (ACNEAE) con el objetivo de equilibrar los centros. La comisión mixta Ayuntamiento-DGA ha iniciado un proceso interesante en el diagnóstico, pero al prevalecer la libertad de los padres a consignar, o no, las características de sus hijos, se ha invalidado parte del objetivo. Además la reserva de estas plazas ha sido desigual en cada centro: en algunos se han reservado una sola plaza, en otros han sido dos y en otros tres. También en algunos centros con más ACNEAES ofrecían más plazas de reserva que otros con menos, lo cual desvirtúa el sentido de la medida. Por otra parte, las plazas de reserva para el alumnado de estas características que no han sido cubiertas pasarán a acoger a alumnado ordinario lo que desequilibra todavía más los centros.

Desde la Junta consideran que la publicación diaria de los datos de preinscripción condiciona el proceso y anima a poner en marcha estrategias interesadas. Asimismo consideran que la administración debería unificar criterios y solicitar la misma documentación en todas las comisiones de escolarización con el fin de evitar el fraude domiciliario, e incluyendo el Certificado de Convivencia.