El Gobierno de Aragón rescinde el contrato de las depuradoras del Pirineo

El objetivo es depurar, no hacer depuradoras”. Así lo ha indicado el consejero de Desarrollo Rural y Sostenibilidad, quien, junto a la directora del Instituto Aragonés del Agua, Inés Torralba, ha anunciado el inicio de proceso que llevará a la rescisión de los contratos de concesión pública para la construcción de las depuradoras del pirineo. Hablan de un proyecto sobre dimensionado. De las 296 que se proyectaban sólo se han construido una decena de ellas. .

Una vez resueltos los contratos, el Gobierno de Aragón tiene previsto continuar en el plan de construcción de las depuradoras, pero en función de las modificaciones que se introduzcan en el Plan Aragonés de Saneamiento y Depuración que ahora está siendo revisado. Hablan de comenzar por 20 zonas con mayor carga contaminante. Entre ellas Ansó y Hecho, cuyas obras podrían comenzar en 2018.

Ines Torralba, directora del Instituto Aragonés del Agua, señalaba que el primer trámite es la resolución de los contratos con las empresas adjudicatarias

En cuanto a los plazos, el consejero Olona ha sido tajante: “no se nos puede pedir que resolvamos en un año o dos algo que se inició en 1993, cuyo convenio se firmó en 2008 y que en 2017, desgraciadamente, nos encontramos con que no se ha hecho nada”.

La directora del Instituto Aragonés del Agua, califica la situación que se ha producido en los últimos diez años de desastre, ya que durante este tiempo no se ha dado una solución a la depuración de las aguas del Pirineo

La razón de la rescisión de los contratos se explica de la siguiente forma:

- La imposibilidad de modificar los contratos, junto con el daño al interés público que supondría la ejecución de obras sobredimensionadas o innecesarias.

- Los incumplimientos parciales derivados tanto de la falta de financiación que sufren las concesionarias como de la demora en la ejecución de las obras que podrían haberse realizado por no estar afectadas por los problemas indicados.

Las empresas que fueron adjudicatarias han mostrado su intención de recurrir la decisión y podrían solicitar indemnizaciones millonarias.