Comienza el juicio al ex alcalde de Santaliestra Javier Mur

En la Audiencia Provincial de Huesca, comenzaba este martes, el juicio al ex alcalde de Santaliestra, Javier Mur, como posible autor de prevaricación y malversación de fondos públicos, que se completará con dos sesiones más miércoles y jueves. La fiscalía solicita cinco años de prisión, ocho de inhabilitación y una indemnización que ronda los 100.000 euros.

Se le acusa de haber empleado parte de una subvención de 240.000 euros, que le dio la DPH para pagar los gastos judiciales del Ayuntamiento (no el de particulares que excedía a su competencia) en el proceso de expropiación para el embalse de Santaliestra, en pagar los gastos judiciales de algunos vecinos.

Por la sala de la Audiencia pasaban también, en esta primera jornada, el grupo de vecinos que interpuso la denuncia, y que a pesar de encontrarse en la misma situación que el resto de vecinos, no recibieron ninguna cantidad económica

El ex alcalde y su abogado mantienen que se actuó en todo momento dentro de la legalidad vigente. Mientras, la fiscalía y la acusación particular solicitan penas de prisión que oscilan entre cuatro y cinco años y ocho de inhabilitación para desempeñar cualquier cargo público.

Según la denuncia, el ex alcalde repartió las ayudas económicas de manera arbitraria y sin un acuerdo plenario previo. Todos los beneficiarios figuran, en la instrucción del caso, como responsables civiles subsidiarios.

Según, recoge aragondigital.es, en su declaración, Mur, explicaba que ‘se aportaron todo tipo de facturas, del Ayuntamiento y de particulares’ y que todos pensaron que era el consistorio el que avalaba los créditos. Se acordó en un pleno, recordaba.

Añadía que todos los documentos tenían el visto bueno del secretario, fallecido hace unos años, y que los vecinos firmaron créditos para que, el Ayuntamiento, pudiera pagar los honorarios de los abogados. Al preguntarle acerca de la situación del resto de vecinos, explicaba que ‘habían cancelado sus créditos y sólo se podía actuar en los créditos que estaba vivos’.

Alfredo Cajal, director entonces del Instituto Aragonés de Agua, citado como testigo, puesto que, además de la subvención de DPH también estaba prevista otra del IAA, que no se llegó a percibir, declaraba que se buscó una fórmula para ayudar a los vecinos pero que no alcanzó, ya que, lo impedía un aparatado de la Ley de Subvenciones del Gobierno de Aragón.

La primera jornada del juicio concluía con la lectura que realizó, en 2011, el entonces secretario interventor en la que aseguraba que no se había avalado a los vecinos. Este martes, será llamado a declara Antonio Cosculluela que, en 2006, era presidente de la DPH.

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