Los vigilantes de instalaciones militares en la provincia realizarán huelga en septiembre

Cuartel Sancho Ramírez

Los vigilantes del acuartelamiento Sancho Ramírez, cuartel de Jaca y la residencia del paseo de Ramón y Cajal retomarán en septiembre la huelga tras los paros del mes de julio. Denunciarán así ante el Ministerio de Defensa que “no se puede seguir trabajando así”. La empresa adjudicataria del servicio, Marsegur, redujo desde mayo los salarios en un 40% de las nóminas, así como la remuneración de las horas extra. Esto significa, denuncian los trabajadores, un “incumplimiento grave del convenio”.

Los vigilantes de este servicio en toda España realizaron paros el pasado mes de julio, y la empresa trasladó a personal de otras comunidades para cubrir los puestos, sin respetar “los horarios, la cualificación para cada puesto y sin la cobertura del puesto de armero” lo que conllevó “sanciones por inspecciones de la Policía y la Guardia Civil”.

La segunda huelga está prevista para el 7 de septiembre. En caso de que no surta efecto y el Ministerio de Defensa no tome cartas en el asunto, piensan convocar una huelga indefinida. Con estas movilizaciones pretenden percibir el cien por cien del salario que les corresponde, el dinero que se les adeuda y que se cumplan las condiciones que marca el convenio. Los trabajadores con jornada completa han visto reducida su remuneración en 500 euros mensuales y quienes están a media jornada 370 menos.

Denuncian que cada hora del plus de nocturnidad se paga a 10 céntimos de euro, frente al euro que marca el convenio. Es decir, ocho horas se deberían remunerar con ocho euros, mientras que Marsegur lo hace con 80 céntimos.

El servicio de vigilancia en instalaciones militares en España lo componen 900 guardias de seguridad, de los que 45 se ubican en Aragón; 15 desempeñan su labor en la provincia de Huesca. La anterior adjudicataria era Seguridad Integral Canaria, de la que formaban parte los actuales trabajadores y posteriormente se subrogaron a Marsegur. Los vigilantes denuncian que la subrogación obliga a mantener las condiciones que marcaba el anterior convenio.

El enlace sindical denuncia la baja temeraria en el contrato de la empresa con el Ministerio de Defensa, ya que el presupuesto de licitación era de 32 millones de euros y la adjudicación se produjo a Marsegur por quince millones más IVA.

Comentarios