La DPH pide una moratoria de dos años en la puesta en vigor del decreto de afecciones por inundabilidad

Pleno DPH

El pleno de la Diputación Provincial de Huesca aprobaba la solicitud de una moratoria de dos años para la puesta en vigor del Real Decreto para que los municipios y particulares puedan adaptarse a los cambios que supone la modificación del Reglamento de Dominio Público. Esta petición implica que la Confederación Hidrográfica del Ebro ejecute sus funciones de limpieza y mantenimiento de los cauces de los ríos. Esta iniciativa obtenía los votos favorables del PSOE y la abstención del resto de los grupos (PP, PAR y Cambiar Huesca).

La vicepresidenta de la DPH, Elisa Sancho, recuerda que este nuevo reglamento genera “un gran impacto y repercusiones entre los afectados” e indica que su aprobación “no tuvo en cuenta la opinión de los municipios afectados”.

Elisa Sancho ha reclamado que la CHE ejerza sus funciones de limpiar los ríos, los afluentes para evitar la peligrosidad que entraña para las personas que viven en los territorios la falta de limpieza y mantenimiento de los cauces.

Asimismo, Sancho citaba a Fraga como ejemplo de cómo este decreto condiciona y coarta el desarrollo urbanístico, empresarial e incluso a particulares: "Hay ciudadanos que viven en pisos ubicados en las denominadas ahora zonas inundables y esos pisos ahora se han desvalorizado, aparte les están dando las responsabilidades a los propietarios de esos pisos cuando por ejemplo piden una licencia de obra, o les han subido los seguros o, directamente, no se los quieren hacer, este decreto está coartando el desarrollo urbanístico y empresarial de Fraga, pues hay más de 500 empresas que no podrán hacer ampliaciones de las mismas por estar en esta zona inundable".

El pleno de la DPH aprobaba de forma institucional una propuesta de resolución sobre el sector de la fruta dulce en la provincia de Huesca para pedir a las administraciones europea, autonómica y estatal la intensificación de actuaciones, así como la activación de medidas económicas excepcionales, entre otras medidas para paliar los efectos de la crisis de precios en origen.

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