El Ayuntamiento frena la remunicipalización a la espera del fallo del Tribunal Superior de Justicia

José María Romance Luis Arduña

El equipo de gobierno municipal ha presentado un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Aragón solicitando la suspensión cautelar de la resolución del Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón, por la que se anulaba la remunicipalización del servicio de limpieza de Huesca. El consistorio oscense, de no llevarse a cabo esa suspensión, debería volver a privatizar el servicio en el plazo de cuatro meses, ha explicado el concejal de remunicipalización, Luis Arduña.

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Arduña entiende que el Tribunal Adminitrativo de Contratos Públicos se extralimitó en su resolución, pero reconoce que ésta es vinculante, en tanto en cuanto otro órgano judicial superior no dicte la suspensión cautelar de la misma.

El equipo de gobierno municipal decidió en su día recuperar el servicio de limpieza que había privatizado el gobierno de Ana Alós, para lo que impulsó una encomienda de gestión a la empresa pública, Grhusa.

Sin embargo, y tras un recurso presentado por el Partido Popular, el Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón dictaminó que el proceso no se ajustaba a derecho.

Ahora, al consistorio no le queda otra salida que acatar esa resolución y privatizar de nuevo el servicio o, en su defecto, conseguir la suspensión cautelar de la orden.

Este decreto recoge esa necesidad además de la ampliación de la encomienda de gestión durante 6 meses a Grhusa para que no se interrumpa el servicio mientras que se tramita administrativamente. Estas medidas han sido explicadas a los sindicatos en una reunión y a los trabajadores tanto municipales como de Grhusa.

Por otro lado, se suspende asimismo la segunda fase del proceso de remunicipalización que comenzaba el 1 de enero de 2018 y, por lo tanto, no se llevará adelante el Plan de empleo pactado entre los representantes de los trabajadores y el Ayuntamiento de Huesca para su recolocación en otras áreas y servicios. Estos 20 trabajadores mantienen sus condiciones actuales en el servicio de limpieza viaria. Si la resolución fuese favorable podrán ser reubicados, pero esa decisión no podrá tomarse hasta que el TSJA dicte

El Ayuntamiento se anticipa así a los posibles escenarios que podrían plantearse, tanto si el TSJA suspende el acuerdo del Tacpa que anulaba la encomienda como si no. Y lo hace, ha señalado el concejal de Personas y Organización, José María Romance, dejando claro que “la voluntad política sigue siendo la misma, es decir, que el servicio es mucho mejor para la ciudad desde lo público”.

El concejal de Remunicipalización, Luis Arduña, espera que el tribunal se pronuncie sobre la suspensión antes del 31 de diciembre y ha destacado que si la respuesta fuese negativa supondría “que una decisión administrativa que no es firme doblegará la voluntad democrática expresada por el Pleno municipal, pudiendo suceder que dentro de 3 a 5 años diese finalmente la razón al Ayuntamiento”. “Un servicio que ha mejorado para la ciudadanía y para los trabajadores se verá comprometido por los intereses del PP, que recurrió la encomienda, para que la limpieza siga siendo objeto de negocio sin importarle la calidad. Con la excusa de defender la legalidad, el PP está defendiendo los intereses de las grandes empresas del sector”, ha añadido Arduña.

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