La DPH reclama una financiación acorde a los servicios que prestan los ayuntamientos

El presidente de la DPH, Miguel Gracia, participaba en la tercera Conferencia de Presidentes de Gobiernos provinciales que se clausuraba este viernes en Segovia. Allí defendía que "cualquier competencia delegada a las diputaciones y administración local debe ir acompañada por la financiación necesaria, pues así lo determina la ley". Pedía además que "las Haciendas locales dispongan de los medios suficientes para el desempeño de los servicios que prestan".

Una veintena de diputaciones y cabildos insulares han participado en la Conferencia de Presidentes de Gobiernos provinciales que se ha desarrollado en Segovia, organizada por la Diputación Provincial de Segovia y la Fundación Democracia y Gobierno Local y en la que se ha abordado el problema de la financiación de las administraciones provincial y local.

El presidente de la Diputación Provincial de Huesca, Miguel Gracia, participaba en una mesa redonda en la que se han expuesto temas sobre el ejercicio de las competencias impropias en el ámbito local y el análisis de la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local.

En su intervención, Gracia argumentaba la necesidad de que "cualquier competencia delegada que llegue a las diputaciones o a las administraciones locales debe ir acompañada de la financiación necesaria, según marca además la legislación correspondiente".

También se centraba en dos elementos: las entidades locales son las únicas administraciones públicas españolas que cumplen con los objetivos de estabilidad y la necesidad de que las administraciones locales dispongan de la suficiente autonomía financiera para garantizarles mayor capacidad de gobierno y la prestación de servicios de calidad.

"Los ayuntamientos y diputaciones hemos dado muestras de la sensibilidad y cumplimiento de nuestras obligaciones para atender las necesidades de los ciudadanos, a pesar de no contar con las aportaciones necesarias para su prestación", explicaba.

Por este motivo, pedía que "el Gobierno central autorice a las entidades locales a reinvertir su superávit en iniciativas que mejoren la calidad de vida de sus ciudadanos y con el único límite de no poner en riesgo su estabilidad presupuestaria".

Con respecto a otras posibles adaptaciones, en su intervención, se refería también a la necesidad de que "la discriminación positiva hacia el medio rural, hacia la administración local, llegue no sólo en las inversiones si no también en materia legislativa ya que se pueden desarrollar normativas y leyes que tengan en cuenta la realidad y necesidades de las entidades locales".

A la hora de ejemplificar, el presidente de la DPH citaba la provincia altoaragonesa y sus municipios, así como la gestión y competencias de la propia institución provincial. Más de la tercera parte del presupuesto de la Diputación de Huesca en 2017 se destina a inversiones reales, cuantificadas en más de 23 millones de euros y que muchas de ellas financian competencias no propias a la Diputación.

Como ejemplo ponía las inversiones realizadas en infraestructuras como centros sociales, consultorios médicos, infraestructuras educativas, convenios y másteres educativos y universitarios, inversiones en sectores como el turismo (inversiones en refugios de montaña, apoyos a feria), apoyo económico a equipamientos culturales, restauración de patrimonio, entre otros.

"Además de cubrir estas acciones, que los ayuntamientos nos demandan a la Diputación, esta administración lleva a cabo todo el apoyo técnico, jurídico, de asesoría y económico a las entidades locales; sin olvidar los colectivos sociales con los que se colabora", explicaba Miguel Gracia.

En esta mesa redonda participaban también los presidentes de las Diputaciones Provinciales de Valladolid, Jesús Julio Carnero, y de Soria, Luis Rey, y el catedrático de Derecho Administrativo, Alfredo Galán.

Conclusiones de la Conferencia

Este tercer encuentro de presidentes de Gobiernos Provinciales terminaba con un acuerdo que presenta como conclusión tres ejes principales con los que encauzar las reformas legislativas en materia de financiación y reforzar el papel de las Diputaciones en la configuración del territorio.

El primer eje se centra en la necesidad de un relajamiento de los parámetros fiscales, con medidas como la eliminación de la regla de gasto para aquellas entidades que hayan liquidado tres ejercicios consecutivos con superávit, lo que permitiría a las corporaciones locales que cuentan con esta acumulación de recursos utilizarlos en beneficio del servicio público.

El segundo eje propone recuperar los Planes Provinciales de Cooperación, habiéndose demostrado como muy necesaria la actuación de las Diputaciones como garantes de servicios de los pequeños municipios del territorio, donde la escasez de recursos se ve afectada por otras realidades como el envejecimiento y la despoblación.

Por último, en este tercer encuentro se ha hecho hincapié en la necesidad de replantear la financiación de las competencias de las Diputaciones, siendo uno de los principales retos el conseguir una correcta definición de las competencias que les corresponden, manteniendo las que se vienen ejerciendo y además posibilitar otras acciones como la de que las Diputaciones puedan asumir como propias las competencias municipales que no se puedan desarrollar en el ámbito local, o logar que competencias autonómicas puedan ser delegadas en las Diputaciones para su mejor ejercicio.