¿Por qué no se soluciona la grave situación de los servicios de bomberos en la provincia de Huesca?

Asociación de Bomberos Profesionales de Aragón

El Consejo de la Comarca de la Litera acordó el 12 de diciembre de 2011, la modificación de la Relación de Puestos de Trabajo y la Plantilla de Personal de la Comarca amortizando siete plazas de Funcionarios Bombero-Conductor, Grupo C2, nivel 18

A raíz de este hecho, tan lamentable como histórico, adoptado por el gobierno PP-PAR y avalado mediante abstención por el PSOE, y que causó un gran revuelo tanto en la provincia de Huesca como en todo Aragón, el gobierno de la DGA de la Presidenta Rudi y con el Consejero Antonio Suarez a la cabeza impulsa la creación de una Ley de Bomberos, que organice, homogenice y coordine los SPEIS de la Comunidad Autónoma.

Esta Ley 1/2013 “Regulación y Coordinación de los Servicios de prevención, Extinción de Incendios y Salvamento de Aragón” pese a no ser la más idónea y consensuada en las Cortes iba a suponer una gran mejora de los servicios de bomberos de Aragón.

En su artículo-4 deja muy claro que las competencias hasta que el Gobierno de Aragón cree una entidad propia corresponden a los Ayuntamientos de más de 20.000 habitantes y a las Diputaciones provinciales, tal y como establece la Legislación de Administración Local . Las Comarcas no prestaran ese servicio y solo tendrán la obligación de colaborar, sea económicamente o a través de programas de prevención y planes de emergencia de su territorio.

Tanto la provincia de Zaragoza como la de Teruel prestan el servicio de bomberos a través de sus diputaciones, ¿por qué en Huesca lo hacen las Comarcas?. La respuesta es sencilla, a la Diputación de Huesca (DPH) no le interesa reestructurar la provincia y centralizar el Servicio, esto supondría el cierre de muchos parques inservibles e inoperativos y que la mayor parte del tiempo están cerrados (aunque el ciudadano no sea consciente de ello).

La DPH no se atreve a cerrar parques porque esto le supondría pérdida de votos. Resumiendo; su nefasta gestión responde a intereses electoralistas, además de otro tipo de intereses económicos como puede ser la adquisición de material que ni se llega a utilizar y la formación de bomberos voluntarios.

Una vez más se prioriza en el interés personal y político y no en el interés general, en este caso nada más y nada menos que la SEGURIDAD del ciudadano y en la SEGURIDAD de los profesionales que se encuentran en una situación de desamparo y riesgo La DPH gobernada desde hace muchos años por el PSOE se ha encargado de paralizar y frenar esta Ley 1/2013 recurriendo ante los tribunales la Competencia que le ha encomendado la DGA y la Ley de Administración Local. Mientras tanto una mano negra lleva casi 5 años impidiendo que salga la sentencia que aclare si la competencia de los SPEIS de Aragón es de Diputaciones o de la DGA. Paradójicamente la Diputación de Zaragoza también recurrió la Ley en el punto del acceso al cuerpo de bomberos, quería el concurso-oposición y la Ley establece oposición libre. Sin embargo esta sentencia sí que ha salido transcurridos 3 años.

Las últimas andanzas de la DPH es financiar este 2017 a las Comarcas con 1,5 millones de euros para seguir comprando y malgastando el dinero de todos en material y en formación inútil, no apta para el bombero profesional y en construir un parque de bomberos en Sariñena por un valor de 400.000 euros pero sin bomberos y sin saber cómo se va a prestar el servicio y por quien. Para la presidenta de la Comarca de Monegros, Judith Budios, se trata de un servicio «demandado y necesario, que mejorará los medios disponibles ante cualquier emergencia». Respecto a la futura gestión, recuerda que la extinción de incendios no forma parte de las competencias comarcales A día de hoy el Grupo Parlamentario Podemos de Aragón ha presentado una Reforma de esta Ley de Bomberos que actualmente se encuentra en periodo de enmiendas y que busca el consenso de todos los grupos parlamentarios y que pueda ser viable a corto plazo pues existe una gran preocupación en la Cámara tanto por la seguridad del ciudadano como por los propios profesionales sobre todo de la provincia de Huesca y Teruel que se encuentran en una situación de desamparo total, riesgo e inseguridad laboral

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