El PAR pregunta por las acciones previstas por la DGA sobre la fuga de empresas de Cataluña

Elena Allué Jesús Guerrero PAR

Jesús Guerrero, diputado del Partido Aragonés en las Cortes de Aragón, ha presentado la interpelación al gobierno que ha registrado en el Parlamento autonómico, destinada a conocer qué acciones ha previsto la DGA ante la fuga de empresas de Cataluña como consecuencia de la deriva independentista y sus efectos en Aragón.

Para Guerrero, el gobierno PSOE-CHA “ya va tarde en este camino”, si bien desde el PAR se apoyará, por un lado, cualquier iniciativa tendente a minimizar los efectos negativos sobre las empresas aragonesas por la inestabilidad en Cataluña, ya que “debemos recordar que Aragón es el primer cliente de Cataluña, pero también somos su segundo proveedor”.

En este sentido, el diputado del PAR ha vuelto a pedir a los aragoneses, como se ha hecho reiteradamente desde el Partido Aragonés, que eviten cualquier boicot a las marcas catalanas porque éste acaba perjudicando a las compañías y productores aragoneses que son importantes suministradores de aquellas.

Jesús Guerrero ha garantizado que el gobierno "nos va a tener a su lado en cualquier línea de acción para minimizar las afecciones" de esta situación y ha anunciado así mismo el respaldo del PAR a favorecer que las empresas catalanas que decidan abandonar de Cataluña, puedan tener en Aragón un lugar para asentarse con seguridad jurídica, en lugar de elegir de otras comunidades, como están haciendo mayoritariamente.

Con todo ello, el portavoz parlamentario de Economía del PAR ha reclamado al gobierno autonómico un plan aragonés de acción concreto, con medidas para paliar el impacto negativo de la crisis catalana en las pymes, grandes empresas y autónomos que vertebran la economía de la Comunidad, la cual puede verse ralentizada. Este plan, “de la mano de los agentes sociales, patronal y sindicatos", se echa en falta ya que "hasta ahora se ha constituido una mesa de trabajo y un observatorio de coyuntura, pero no se conoce nada más allá de una declaración de intenciones”.

Igualmente, el plan debería incorporar, según Guerrero, acciones de sensibilización y concienciación frente al boicot a las compañías catalanas porque "hay cosas que se producen aquí y allí las etiquetan y eso la gente lo desconoce", por lo que sería "echarnos piedras a nuestro propio tejado".

Guerrero ha recordado que los empresarios aragoneses han pedido ese programa para evitar los daños inducidos a su actividad y ha señalado también que el Gobierno de Aragón "tiene que intentar ofrecer incentivos a las empresas que por inseguridad jurídica quieren venir aquí", puesto que "todavía se estén realizando traslados de sedes sociales y fiscales" de empresas catalanas a otras comunidades, que “están ofreciendo incentivos importantes para atraer empresas, no solo de Cataluña, sino en general". El diputado del PAR ha detallado que entre del 1 al 30 de septiembre, se han trasladado a Aragón 19 empresas y del 2 al 19 de octubre, 51 empresas -31 a Zaragoza, 14 a Huesca y 2 a Teruel-, un porcentaje mínimo respecto a las que dejado Cataluña, más de 2.000.

Sobre esta desproporción, Elena Allúe, portavoz parlamentaria del PAR en materia de Hacienda, ha demandado "una rebaja fiscal", del mismo modo de "están efectuando todas Comunidades presididas por gobiernos socialistas, que están dando marcha atrás a los aumentos que ha habido estos dos años de legislatura, como Extremadura, Andalucía y Asturias" donde “los gobernantes se han puesto del lado de la ciudadanía y de las empresas".

Sin embargo, ha afirmado Allué, el presidente Lambán, "con cierta cerrazón y cabezonería nos está orillando para ser la Comunidad con mayor presión fiscal de España" y en el Impuesto de sucesiones y patrimonio "estamos siendo los campeones", algo que "nos está colocando en una situación de desventaja competitiva y discriminación respecto a otras". Los efectos de esa política tributaria de recaudación, ha dicho la diputada, no solo perjudican a las empresas aragonesas, creadoras de empleos, sino que constituyen un desincentivo para aquellas empresas catalanas que pudieran haber valorado la posibilidad de venir a Aragón.

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