El TSJA falla contra la DPH su recurso a la Ley del Fuego para reclamar financiación

El Tribunal Superior de Justicia de Aragón ha desestimado el recurso de la DPH contra la Diputación General de Aragón por el Decreto de 2014 que regulaba la organización y funcionamiento de los Servicios de Prevención y Extinción de Incendios y Salvamentos en la Comunidad Autónoma y la Organización y Funcionamiento del Registro de Bomberos de Aragón.

Asimismo, aludían a la inconstitucionalidad de la Ley de esta materia, de 2013.

El conflicto surge por la distribución de competencias, y la Sala entiende que es una atribución local y provincial. Esta sentencia determina que la competencia en este ámbito es local y provincial, pero la demandante indica que la financiación debe estar a cargo de la Comunidad Autónoma aragonesa. Fuentes próximas al Gobierno en la DPH indican que se recurrirá esta sentencia ante el Tribunal Supremo.

La DPH alegaba que no se recogían mecanismos de financiación autonómica de estos servicios. Sin embargo, dicha ley prohibía que se impusieran obligaciones financieras a las entidades locales por la atribución de nuevas competencias que supongan un grave desajuste de sus cuentas públicas. Este jueves, se aclaraba, en cierto modo, la situación porque el consejero de Presidencia, Vicente Guillén, anunciaba públicamente que los presupuestos autonómicos de 2018 recogen una partida de un millón y medio de euros para la constitución del consorcio de Bomberos, que estaría adscrito a la Diputación Provincial de Huesca.

Por estos motivos, “no se observa infracción constitucional”, tal y como aparece en la sentencia del TSJA, porque “no opera la presente normativa transferencia de servicios o funciones ningunas, que deban ir acompañadas de las correspondientes transferencias financieras. La normativa cuestionada no regula unos servicios autonómicos de prevención y extinción de incendios y salvamento, no los crea, sino que se mantiene en el terreno de los principios de coordinación del servicio en todo el territorio autonómico. El servicio ya lo deben prestar, sin necesidad de existencia de tal normativa, las Entidades Locales que en realidad son las competentes”.

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