Olona confirma que los últimos incendios en Aragón han sido provocados e intencionados

El consejero de Desarrollo Rural y Sostenibilidad, Joaquín Olona, confirmaba que los últimos incendios acaecidos en Aragón, entre ellos, el de Torre la Ribera, han sido provocados e intencionados. Eso es lo que se deduce de las investigaciones llevadas a cabo por agentes para la protección de la naturaleza una vez localizados los puntos de origen de los fuegos y comprobado que se corresponden con lugares sin actividad agrícola o ganadera, que no existen tendidos eléctricos, que no están asociados a actividades, usos o  circunstancias de las que pudieran derivarse accidentes o negligencias y que, en esos días, tampoco se dieron  causas naturales, como tormentas, que pudieran haberlos provocados.

En los primeros l0 días de diciembre se han producido 9 incendios con más de 200 hectáreas quemadas cuando el promedio de los últimos años es de 8 incendios para todo el mes, con superficies quemadas insignificantes. La situación de sequía, señalaba Olona, en absoluto justifica por sí misma este aumento dadas las condiciones de humedad, temperatura, altitud, orografía y características específicas de las zonas incendiadas y de los incendios producidos, en particular los horarios en los que se han desarrollado.

 

Para el consejero se trata de ‘un hecho gravísimo que ha llevado al ejecutivo aragonés a extremar la vigilancia, tanto directamente, a través de los técnicos del departamento de Desarrollo Rural, como a través de la colaboración con la Guardia Civil competentes en Aragón’. Todo ello con el propósito reforzar las labores de investigación que “permitan identificar cuanto antes a los responsables para ponerlos a disposición de la justicia, así como para luchar contra estas acciones delictivas que atentan contra el medio ambiente y ponen en peligro la seguridad de las personas y sus bienes”.

 

Olona recordaba que provocar incendios forestales de forma intencionada es un delito tipificado en el código penal (Capítulo II, sección 2, artículos 352 a 354) con penas de prisión de 1 a 5 años y que pueden ser de 10 a 20 años cuando hay peligro para las personas. Se consideran agravantes que el incendio se produzca cerca de lugares habitados o los ponga en riesgo, que afecte a espacios o recursos naturales, que haya un beneficio económico o que se produzca en momentos de prealerta por riesgo de incendios.

 

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