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“El Decreto de Purines llega tarde y con carencias inexcusables”

 

Ecologistas en Acción Aragón y la Plataforma Loporzano SIN Ganadería Intensiva consideran que el Decreto de Purines del Gobierno de Aragón, no reducirá los actuales daños medioambientales y riesgos para la salud pública al no incluir planes de fertilización, inspección ni control; por lo que se continuará sobrefertilizando dos tercios de la superficie agrícola aragonesa, con la consiguiente contaminación de acuíferos.

Desde estos colectivos se asegura que “desde la consejería de Desarrollo Rural y Sostenibilidad se insiste en que la viabilidad del modelo ganadero industrial depende de poder gestionar los purines como fertilizantes para que no generen contaminación, pero el Decreto no incluye herramientas para que la aplicación de purines se ajuste a las necesidades de los cultivos. Es más, abre la puerta a su vertido en terrenos de monte público de uso no agrícola", afirma Jaime Seuma, integrante del Equipo técnico del movimiento vecinal altoaragonés.

Entre las graves carencias detectadas, estas organizaciones destacan que debería establecerse la obligatoriedad inequívoca de incorporación y actualización telemática de todos los productores de estiércoles por un lado, y todas las parcelas receptoras por otra, junto con dosis de aplicación, de modo que se pudieran realizar consultas cruzadas. Tales datos deberían estar disponibles para la ciudadanía a través del Portal de Transparencia del Gobierno de Aragón, en virtud del derecho de acceso a la información en materia ambiental, de obligado cumplimiento, implementando para ello el apartado de Agua, Aire, Suelos y Residuos. Sin estos mínimos es imposible garantizar la correcta gestión de los purines, que es lo que sucede actualmente.

La Plataforma Loporzano SIN Ganadería Intensiva y Ecologistas en Acción Aragón consideran que la falta de garantías respecto a la gestión de los residuos ganaderos deja indefensa a la ciudadanía debido a un desequilibrio muy importante entre las medidas de la Administración aragonesa para potenciar la ganadería industrial y las que deberían servir para preservar los recursos naturales y proteger a la población de las afecciones generadas por esta industria.

Con un crecimiento del porcino intensivo en Aragón de casi 1000 cabezas diarias y más de la mitad de la superficie real (no de la cultivable) de esta Comunidad Autónoma comprometida por el volumen de purines generado, para estas organizaciones resulta imprescindible una moratoria para nuevas explotaciones y ampliaciones que permita regular debidamente un sector que está externalizando sus costes a costa de la salud de la ciudadanía y el bolsillo de los contribuyentes. No en vano, de no disminuir el número de acuíferos contaminados por nitratos, Aragón se expone a sanciones europeas por el incumplimiento de la Directiva Marco Agua.

 
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