La Audiencia Provincial ratifica el delito contra el patrimonio de Victorino Alonso en la Cueva de Chaves

La Audiencia Provincial de Huesca, en una sentencia fechada el pasado 27 de diciembre, ha confirmado que el empresario Victorino Alonso cometió un delito contra el patrimonio histórico, cuando dio la orden de destruir el yacimiento neolítico de la Cueva de Chaves, con el fin de construir abrevaderos para cabras. A pesar de que rebaja la pena de prisión en seis meses, pasando de dos años y medio a dos, mantiene la multa de 25,5 millones de euros que le impuso el Juzgado de lo Penal nº 1 de Huesca en el año 2016. La sentencia es firme y no admite recurso, aunque el abogado defensor, César Gamelo, ya ha anunciado su intención de presentar un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional.

Victorino Alonso fue acusado por Ecologistas en Acción y APUDEPA. El abogado Pablo Malo, que ejerció la acusación particular de Ecologistas en Acción mostraba su satisfacción, porque la sentencia de apelación ratifica todos los hechos probados, que se vieron en el juzgado de lo penal nº 1 de Huesca en la primera sentencia.

Este fallo podría sentar jurisprudencia en España, al demostrar fehacientemente la culpabilidad por un delito contra el patrimonio histórico.

Se acepta solo uno de los motivos del recurso que presentó la defensa del empresario: que el proceso judicial se dilató de forma indebida, ya que desde que se inició la instrucción del caso, tras una denuncia de Apudepa y Ecologistas en Acción, trascurrieron siete años. Por ello, se rebaja en seis meses la condena de prisión. Sin embargo se mantiene la multa impuesta.

En su día, Victorino Alonso, en otro proceso, se declaró insolvente. Pablo Malo considera que si no él, sí que podría responder la empresa Fimbas, que también está condenada de forma subsidiaria.

La cueva de Chaves estaba considerada por los expertos como el segundo yacimiento neolítico más importante de España.

El fallo dictado el 11 de noviembre de 2016, le apuntaba directamente como autor plenamente responsable de los hechos cometidos, que suponían un delito contra el patrimonio histórico. El empresario leonés indicó, en su defensa, que los hechos habían prescrito e incidía en que Vicente Baldellou ordenó retirar las losas del interior.

Para el juez, quedó acreditado que, sin previa comunicación ni autorización de la Dirección General de Patrimonio Cultural y sin ponerlo en conocimiento del director de las excavaciones, Vicente Baldellou, Victorino Alonso ordenó vaciar la cueva y colocar comederos y abrevaderos para la cría de cabras. El material se utilizó, además, para la construcción de un dique de contención de aguas cercano a la cueva.

Los trabajos ordenados por Victorino Alonso, según la sentencia, ocasionaron el arrasamiento y destrucción de la práctica totalidad de los niveles arqueológicos de cronología neolítica que se encontraban en la Cueva de Chaves, extremo que consta en el atestado elaborado por la Guardia Civil, así como en el informe pericial del arqueólogo de la Dirección General de Patrimonio Cultural de la DGA e incluso en el informe pericial de la defensa, donde se admite como incuestionable la producción de una importante afección en el depósito arqueológico de la Cueva de Chaves.

Vitorino Alonso no es ningún desconocido para la justicia; acumula ya varias condenas derivadas de su actividad como el principal empresario de la minería en España: el supremo le condenó en 2010 por fraude en la calidad del mineral y en 2016 fue condenado por la audiencia provincial de Oviedo al pago de más de cuarenta y seis millones de euros a Hunosa por la desaparición de más de medio millón de toneladas de carbón. Tiene abiertas al menos otras dos causas en los juzgados.

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