Las cuentas de la DGA superan su primer trámite entre críticas de "saqueo fiscal"

Los presupuestos de Aragón para 2018 han superado este lunes su primer trámite parlamentario con su aprobación inicial gracias a los votos de la izquierda y el rotundo rechazo de los partidos del centroderecha. Los portavoces del PP, PAR y Ciudadanos han vuelto a hablar del “saqueo fiscal” de unas cuentas que han calificado de “regresivas, continuistas e irreales”.

Sin sorpresas, los dos partidos que sostienen al Gobierno, PSOE y CHA, han contado con el respaldo de los socios de investidura de Podemos e IU, aunque han dejado bien claro que su apoyo a las cuentas dependerá finalmente de la suerte que corran las enmiendas que presentarán ahora. Al igual que el resto de partidos, tendrán de plazo hasta el 6 de febrero para registrarlas, mientras que la aprobación definitiva se celebrará el día 28. Según informa heraldo.es

Las más de tres horas de debate no han deparado sorpresas en las Cortes y todos los grupos han repetido los mismos argumentos que vienen empleando desde que hace cuatro semanas se presentó el proyecto de ley. De hecho, la lectura de los 5.303 millones de gasto no financiero, un 4,9% más que en 2017, ha sido muy distinta en función del color político. Incluso en las filas progresistas.

Tanto el diputado de Podemos Héctor Vicente como la de IU, Patricia Luquin, han destacado que las cuentas ni son “ideales” ni les “convencen”, aunque han reconocido que van “en la dirección correcta” al consolidar la recuperación de los servicios públicos, los derechos sociales y la inversión, como ha subrayado el consejero de Hacienda, Fernando Gimeno.

El responsable socialista, que ha reconocido estar mucho más tranquilo que con sus dos primeros presupuestos autonómicos, ha señalado que ahora se pasa a una “política ofensiva” con un crecimiento de todos los departamentos, de las inversiones y de la aportación al Inaem para las políticas de empleo. Así, ha destacado la “vocación de mayoría” con la que nace un presupuesto previamente negociado con Podemos, lo que ha llevado también a Héctor Vicente a destacar que es la primera vez que un grupo de la oposición negocia y apoya las cuentas.

Aunque desde la formación morada han destacado que serán las primeras cuentas que destinen fondos “a lo que de verdad importa" y no a "arreglar los destrozos" heredados del Gobierno Rudi, ha lanzado varias críticas. A su juicio, no se pone solución al “problemas de la deuda” al destinarse mil millones a su pago en 2018, persisten los “agujeros” en personal y gasto corriente hasta el punto de restar “veracidad” a las cuentas y, además, adolecen de “total falta de imaginación y alternativas”. “Los únicos destellos vienen en muchas ocasiones de propuestas de Podemos”, ha dicho.

Al igual que la diputada de IU, ha cargado contra el PP y ha censurado la “extorsión pura y dura” del ministro Montoro de retener 148 millones de financiación autonómica comprometida. Del mismo modo, Luquín ha defendido ante la derecha que no se pueden sostener políticas públicas si no vienen bien financiadas ante de censurar que mantengan el “mantra” de la carga fiscal y, al mismo tiempo, reclamen más inversión en hospitales o colegios.

Este argumento no ha evitado que Luquín opinara que las cuentas podrían ser "más audaces y progresistas", por lo que aspiraba a hacerlas "más suyas" en el trámite de enmiendas.

Mientras tanto, los partidos conservadores han mantenido un discurso monolítico contra la subida impositiva. El diputado popular Antonio Suárez ha lamentado que se cometen “los mismos errores” de 2016 y 2107 con un presupuesto que ha tildado de “regresivo” en política social porque el peso del gasto es menor, que "no es útil" para la economía productiva, con "absoluto desinterés" por la vertebración territorial y la lucha contra la despoblación.

Y ha rematado su argumentación con la crítica a la "política confiscatoria", que llega hasta el punto de que la previsión de ingresos fiscales esté muy por debajo de la recaudación de este año en Sucesiones y tasas. “Por la vergüenza de presupuestar la realidad y disponer también de un colchón”, ha dicho.

Suárez tampoco ha pasado por alto que el impulso inversor de 2018 sigue por debajo del último presupuesto del PP-PAR, el de 2015, en casi 50 millones mientras el año pasado se dejaron sin ejecutar casi 90. Y ha recordado que los socialistas dispondrán 650 millones más de techo de gasto que hace tres años.

La aragonesista Elena Allué calificó igualmente los presupuestos de “confiscatorios”, pero también de “ilusorios e irreales” porque, a su juicio, el Gobierno se preocupa más en recaudar que en gestionar. Ha lamentado igualmente que “solo” crezca el pago de la deuda, que persistan los “agujeros” que ha estimado en 463 millones en los dos últimos años y, mientras, se “desplaza” la inversión no ejecutada en 2016 y 2017 y se “estrella” la prometida renta social. “Los números evidencian el incumplimiento de sus promesas”, ha manifestado.

En la misma línea se ha pronunciado el diputado de Ciudadanos Javier Martínez, quien ha achacado a la coalición PSOE-CHA su renuncia “a cualquier tipo de ambición”, a aprovechar las oportunidades del ciclo económico mientras exigen un mayor esfuerzo fiscal a los aragoneses. “Se han vuelto comodones, solo tenían en la boca la emergencia social pese a contar con 400 millones adicionales”, ha dicho antes de criticar, a su entender, la escasa influencia de Podemos en las cuentas. “No hay topos morados, solo algún lamparón”, ha agregado.

En los turnos de réplica, el consejero de Hacienda ha considerado que el esfuerzo fiscal que se exige a los aragoneses es “moderado” con el único objetivo de “poner orden” en las cuentas tras llegar al Gobierno en 2015. Para ello, ha recordado los 500 millones de facturas sin pagar al inicio de ese ejercicio, la reducción del periodo medio de pago a los proveedores, que han pasado de 100 a 11 días o la refinanciación del sector público.

También ha defendido que sus números son realistas como así lo demostrará la liquidación de 2017, cuya ejecución rondará el 100% en el capítulo de ingresos y del 97% en los gastos pese a que las cuentas se aprobaron en mayo. Y ha subrayado que la inversión superará el 80%, aunque ha sostenido que lo importante es que los proyectos comiencen.

Como es habitual, los diputados Alfredo Sancho (PSOE) y Gregorio Briz (CHA) han replicado los argumentos del Gobierno y han cargado contra la derecha por defender los intereses de las “clases extractivas”.

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