CHA presentará iniciativas en las instituciones para que los territorios productores de energía hidroeléctrica sean beneficiarios

Los Grupos de CHA registrarán la iniciativa institucional en relación con los saltos hidroeléctricos en ayuntamientos, comarcas y en Cortes de Aragón, después de haber trasladado preguntas al Gobierno de España a través del Senado. El Secretario Territorial de CHA en el Alto Aragón, Joaquín Palacín denunciaba la iniciativa del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (MAPAMA), de sacar a subasta, de forma general, todas las centrales hidroeléctricas cuando caduquen las actuales concesiones.

Esta decisión señalaba que “afectará a todo Aragón, y a unas 150 de sus centrales, pero especialmente a las comarcas del Pirineo, puesto que de aplicar esta medida de forma generalizada se cierran las puertas a la gestión pública y a las necesarias y justas compensaciones a unos municipios que han soportado la servidumbre del uso de su territorio y sus recursos durante décadas, colonialismo económico en estado puro”.

“El Gobierno de España no solo se opone a que los municipios puedan participar en la gestión de estas centrales, o a recibir parte de los rendimientos de la nueva explotación, ni siquiera posibilita que las gestionen las confederaciones hidrográficas, por lo que una vez más los aragoneses y aragonesas vamos a poner los recursos y los beneficios se van a ir fuera, una vez más no se defiende el interés general y se cierra la puerta  a la gestión pública”, declaraba Palacín.  

Según indican desde CHA, saltos como el de El Pueyo, -el primero en revertir al Estado y que gestiona la CHE- retornarán al sector privado tras el correspondiente concurso, aunque los primeros serán el de Barrosa 3,6 MW y la de Auxiliar de Campo 1,6 MW, ambos hasta el verano en manos de Acciona, ya que en sus respectivas resoluciones de extinción el MAPAMA obliga a la CHE a organizar sendos concursos y sólo le permite gestionarlos mientras organiza las licitaciones y falla su adjudicación a una empresa privada.

Lo mismo ocurre con el gran aprovechamiento hidroeléctrico de Lafortunada-Cinqueta, de 40 MW de potencia y producción anual valorada en 4 millones de euros, donde Endesa, por fin, con prácticamente once años de retraso y una pérdida para las arcas públicas de unos 40 millones de euros, recibió la resolución de extinción en diciembre, y la CHE tiene seis meses para promover un concurso público y devolver el mismo a manos privadas; el Estado sólo podrá gestionarlo durante un plazo máximo de dos años, en virtud de una autorización especial otorgada por el Ministerio para resolver el concurso de adjudicación.

Palacín recordaba que “la cifra es de unos 80.000 euros solo en los cuatro saltos cuya concesión ha caducado hasta el momento, mermando las arcas de los ayuntamientos de Bielsa, Tella-Sin, Plan y El Pueyo de Jaca. Los ayuntamientos siguen percibiendo el IBI de las instalaciones porque en el caso de este impuesto que grava los bienes inmuebles no hay exención para las administraciones públicas".