La juez inicia la instrucción contra los dos ex consejeros de cultura de Cataluña por posibles delitos de desobediencia y prevaricación

La magistrada del juzgado de Primera Instancia nº 3 de Huesca ha dictado un auto en el que acuerda iniciar la tramitación de las diligencias abiertas en su día contra los dos exconsejeros de Cultura de Cataluña, Santiago Vila Vicente y Lluis Puig Gordi, por si los hechos denunciados pudieran ser constitutivos de un posible delito de desobediencia y/o delito de prevaricación administrativa.

Tras estimar el recurso presentado por el Ayuntamiento de Villanueva de Sijena, y teniendo en consideración los informes presentados por la Fiscalía del Tribunal Supremo y la Fiscalía Provincial de Huesca, la magistrada ha acordado iniciar la instrucción de la causa pero descarta continuar la investigación judicial por un posible delito de apropiación indebida, tal y como solicitaba el abogado del consistorio sijenense.

En relación con el procedimiento civil seguido por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº1 de Huesca, que había ordenado la ejecución provisional del traslado de los bienes de Cataluña a Aragón, el Ayuntamiento de Villanueva de Sijena presentó denuncia contra ambos consejeros (aforados en aquel momento) ante el Tribunal Supremo por un posible delito de apropiación indebida. Al perder el aforamiento, el Supremo sobreseyó la causa y por ello el letrado del Ayuntamiento de Villanueva de Sijena presentó de nuevo, (El 30 de noviembre de 2017) la denuncia contra ambos en los juzgados de Huesca, causa que recayó por reparto en el juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 3 de Huesca.

Un mes más tarde, y al no haberse remitido, junto con la denuncia, los documentos supuestamente acreditativos de los hechos denunciados, la magistrada decreta el sobreseimiento provisional de las actuaciones. Contra esta resolución judicial el letrado del Ayuntamiento de Villanueva de Sijena presentó recurso de reforma.

La magistrada, tras revisar los documentos aportados por el letrado y los informes remitidos tanto por la Fiscalía del Tribunal Supremo como la Fiscalía Provincial de Huesca, estima el recurso de reforma presentado y acuerda la continuación de la instrucción.

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