Inminente aprobación de la Ley de Diálogo Social, instrumento para el desarrollo económico y la creación de empleo

El Presidente de Aragón, Javier Lambán, participaba este lunes, junto con la consejera de Economía, Industria y Empleo, Marta Gastón, en la reunión de la junta directiva de Cepyme. Para Lambán, uno de los logros de los que se siente más satisfecho son aquellos que nacen del pacto y el Diálogo Social fue uno de los primeros que se emprendieron por el actual gabinete nada más llegar al Gobierno, especialmente dirigido a fomentar el desarrollo económico y la creación de empleo. Fruto de ello, se firmó la Declaración Institucional en 2015 entre las organizaciones sindicales, empresariales y el Ejecutivo y a partir de ahí se han sucedido diversos avances “muy satisfactorios para todas las partes”.

Tanto es así que el presidente aragonés celebra que el próximo jueves pueda aprobarse ya la Ley de Diálogo Social y de Participación Institucional, una ley trascendental para el diálogo que hará de la práctica del diálogo y de las mesas del mismo unos instrumentos del máximo rango institucional, subrayaba.

Javier Lambán escuchaba el balance y propuestas lanzadas desde la organización empresarial que, a su juicio, es la más importante y representativa porque agrupa la parte fundamental del tejido productivo aragonés. Además de atender la problemática que arrastran las pequeñas empresas, conocía sus argumentos sobre lo que consideran “excesiva normativa y la carga fiscal que genera agravios comparativos para las pymes, autónomos y microempresas en relación con las grandes empresas, según explicaba el presidente de Cepyme, Aurelio López de Hita.

El presidente de Cepyme se mostraba partidario de negociar, analizar y llegar a las conclusiones más positivas para todos y por ello entiende que la negociación sobre la rebaja de la carga fiscal “no debe hacerse de manera demagógica, sino analizando las dos partes del problema: la necesidad de recaudar y la bondad para distribuir”. Además, expresaba su satisfacción por el diálogo y la buena predisposición del gobierno autónomo para analizar este hecho, teniendo en cuenta que no depende únicamente del Gobierno de Aragón. La carga fiscal, añadía, es también responsabilidad estatal.

La Ley pretende «dar certeza y garantizar la estabilidad de la participación institucional de las organizaciones sindicales y empresariales más representativas en Aragón, con vocación de perdurabilidad, mediante la creación de un órgano de encuentro, negociación y participación institucional permanente, y el establecimiento de su financiación». La principal novedad que introduce la Ley es la creación de la Mesa del Diálogo Social de Aragón, como máximo órgano de negociación y participación institucional permanente y de composición tripartita. Su cometido fundamental será precisamente impulsar la concertación socioeconómica y la participación institucional en la Comunidad Autónoma.

En cuanto a su tamaño, que representa el 99% del tejido empresarial, el 95% de las pymes son empresas con 0 a 10 asalariados (muy pequeñas); el 0’10% son grandes empresas.

La dedicación por sectores en Aragón es el siguiente:

• Servicios: 57,08%

• Comercio: 21,9%

• Construcción: 13,7%

• Industria: 7,23%

Sus principales retos pasan por la internacionalización, la digitalización, los clústers, la simplificación administrativa y el reequilibrio del reparto de la carga fiscal.

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