La Comarca de Sobrarbe reclama recibir parte de los beneficios de los saltos hidroeléctricos

El Consejo Comarcal de Sobrarbe celebrado este lunes aprobaba por unanimidad la moción del grupo comarcal de CHA en relación con los saltos hidroeléctricos, por la que se reclama que los municipios y comarcas con saltos sean “los primeros beneficiarios una vez haya caducado la concesión, participando en la futura gestión o recibiendo parte de los rendimientos de la nueva explotación”.

La Comarca de Sobrarbe rechaza que las centrales hidroeléctricas cuya concesión ha caducado sigan gestionadas por iniciativa privada tras ser sacadas a subasta, y solicita al Gobierno de España que los municipios y comarcas con saltos hidroeléctricos sean los primeros beneficiarios.

También la Comarca de Sobrarbe solicitará limitar la reversión a los elementos patrimoniales del dominio público hidráulico, correspondiendo a los ayuntamientos las instalaciones situadas en montes de utilidad pública de propiedad municipal. También demandarán la modificación de la normativa del Impuesto de Actividades Económicas para eliminar la exención cuando las centrales hidroeléctricas revierten a las administraciones públicas, con el objeto de que los ingresos de las entidades locales no se vean mermados. Exigirán asimismo medidas alternativas para compensar la pérdida de ingresos que sufren los ayuntamientos afectados.

Para José Ramón Ceresuela, portavoz de CHA en la Comarca de Sobrarbe, “el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (MAPAMA), no tiene ninguna sensibilidad con los territorios que producimos energía, y un ejemplo claro es sacar a subasta todas las centrales hidroeléctricas cuando caduquen las actuales concesiones, una decisión que perjudica gravemente a comarcas como la de Sobrarbe puesto que se cierra las puertas a la gestión pública”. “Lo más grave es que no reconoce las necesarias y justas compensaciones a unos municipios que han soportado el uso de su territorio y sus recursos durante décadas, colonialismo económico en estado puro que el Gobierno de España quiere perpetuar”, lamentaba.

Además, la parte que los municipios dejan de percibir por la exención del Impuesto de Actividades Económicas al revertir los saltos al Estado se cuantifica en unos 80.000 euros, lo que supone una “importante merma” para los ayuntamientos de Bielsa, Tella-Sin, Plan y El Pueyo de Jaca.