La reversión de los saltos hidroeléctricos a los territorios afectados llega al Congreso

El grupo parlamentario de Unidos Podemos-Alto Aragón en Común ha registrado en el Congreso de los Diputados una proposición de Ley sobre la reversión de los saltos hidroeléctricos a los territorios que los albergan. Esta iniciativa tiene como principales objetivos que los beneficios de las centrales pasen a ser de titularidad pública sin demora tras la caducidad de las concesiones –evitando pérdidas millonarias para las arcas de las instituciones-; y que los recursos obtenidos, transferidos a las instituciones locales o a las comunidades autónomas, se reinviertan con criterios de restitución económica y social en los territorios afectados, favoreciendo una mayor vertebración de las áreas de montaña, y respaldando un  proceso de transición energética hacia un modelo más sostenible.

La proposición de Ley, que recoge las demandas de los ayuntamientos del Pirineo aragonés, también pretende evitar que se produzcan abusos  por parte de las operadoras o que se utilicen los saltos eléctricos “con el fin de provocar alzas del precio de la energía”, denuncia la confluencia oscense, que cita “expedientes sancionadores emitidos por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia”.

Esta iniciativa legislativa, que firma el diputado de Alto Aragón en Común en el grupo parlamentario de Unidos Podemos-En Común-En Marea, Jorge Luis, supone modificaciones tanto en la Ley de Aguas, como en la Ley  Reguladora de las Haciendas Locales.

Ente otras novedades, establece un procedimiento de reversión que ha de iniciarse de oficio, y de forma previa al fin de la concesión, evitando casos de caducidad de los expedientes de extinción como el producido en el salto de Lafortunada (Huesca). También establece requisitos ambientales y señala a las administraciones locales (ayuntamientos, comarcas o diputaciones), como destinatarios de la cesión del aprovechamiento de las centrales de hasta 5000 KVA; y a la comunidad autónoma como titular de las restantes.  De no ser viable la continuidad de la explotación, plantean desde Alto Aragón en Común, sería la empresa concesionaria la responsable de la retirada o demolición de las instalaciones.

“Disfunciones administrativas” y denuncia

Desde la formación política denuncian que dilaciones en los procesos de reversión como los de las centrales de Urdiceto o Barrosa, o como el de Lafortunada (que se dejó caducar dos veces), “han provocado pérdidas millonarias para las arcas públicas”.

El diputado oscense Jorge Luis apuesta por “un frente común” en el Alto Aragón en esta cuestión. Para ello ha planteado tener una reunión con las organizaciones políticas que en la Diputación Provincial están abordando esa cuestión.

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