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CC.OO. denuncia que la DGA incumple su instrucción de reincorporar empleados al trabajo presencial una hora después de publicarla

El sindicato denunciará el próximo lunes los hechos ante Inspección

Este viernes la Dirección General de la Función Pública ha publicado en el portal del empleado una Instrucción para la reincorporación progresiva del personal de Administración General de la Diputación General de Aragón (DGA) al trabajo presencial. Y para CCOO "ha tardado solo una hora y media en incumplirla", porque unas horas más tarde, Función Pública remitía a las organizaciones sindicales las autorizaciones de todo el personal que debe reincorporarse el lunes 11 de mayo a sus puestos de trabajo, sin aportar el resto de la documentación preceptiva que marca la propia instrucción.

Para la Sección Sindical de CC.OO. en la DGA este proceder es inconcebible. Para que Función Pública firme la autorización correspondiente, previamente, el centro de trabajo tiene que haberlo solicitado tres días antes, y los servicios de prevención tienen que hacer la evaluación para comprobar y proponer las medidas preventivas que correspondan.

Y aseguran, "una de dos, o se han emitido todos estos informes, sin informar de ellos a los representantes de los trabajadores, con carácter previo a la negociación de la Instrucción, con lo cual se ha vulnerado el principio de buena fe negocial y se ha mentido, o los servicios de prevención emiten un informe cada diez minutos".

Dentro de los incumplimientos la organización sindical señala que el Gobierno de Aragón no informa del total de personas que se van a incorporar a partir del lunes a sus puestos de trabajo de manera presencial, ni de las medidas de protección que se van a adoptar: aforos, itinerarios de entrada, salida y circulación, medidas de protección individual… Con lo que no está dando a la representación de los trabajadores el preceptivo trámite de alegaciones.

Por ello, el sindicato va a dirigir el lunes a la inspección de trabajo para denunciar todos los incumplimientos y va a exigir que se depuren todas las responsabilidades establecidas por la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social, incluidas las penales.

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