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Más de 300 coches secundan la manifestación contra la ley Celaá en la capital oscense

Sindicatos, Amypas, asociaciones de antiguos alumnos y patronal de la educación especial, concertada y guarderías privadas participan en la protesta

Más de 300 coches han circulado por las calles de la ciudad para protestar en contra de la recién aprobada ley Celaá. Sindicatos, Amypas, asociaciones de antiguos alumnos, familias que forman parte de la educación especial, concertada y guarderías privadas han participado en la protesta. Los motivos de padres y madres, que esta nueva ley educativa les quita el derecho a elegir de forma libre la educación de sus hijos, "algo que llevamos pudiendo elegir desde que se aprobó la Constitución y el curso democrático del país", indicaba uno de los manifestantes.

La protesta ha comenzado en el parking de Alcampo, han recorrido toda la ciudad para concluir en la plaza Cervantes, donde se ha guardado un minuto de silencio y desde el sindicato FSIE se ha leído un manifiesto. Ángel Morán, su portavoz, recordaba que la escuela concertada debe ser igual de respetada que la pública: "Queremos ser corresponsables, queremos tener los mismos derechos, los mismos recursos para el alumnado con problemas, que los alumnos que tengan un 50% de discapacidad tengan un cuidador, porque a día de hoy no lo tienen", argumentaba.

El Partido Popular y Ciudadanos en el Alto Aragón han secundado esta protesta. El portavoz popular, Gerardo Oliván, decía que el problema de la educación no es que sea pública o concertada, "el problema de la educación está más bien en la calidad. Calidad que pasa por que nuestro profesorado tenga una mejor retribución, que se impulse la inspección y que haya unos contenidos iguales para todo el país". Por su parte, Jara Bernués indicaba que estaban allí para pedir la libertad a elegir.

La ley Celaá propone, entre otras cuestiones, incentivar las guarderías en los centros públicos, por lo que las privadas se ven abocadas al cierre en su inmensa mayoría. En Aragón según la Patronal Aragonesa de Centros de Educación Infantil, (Paceii) dan plaza a más de 8.000 alumnos, y en ellos trabajan unas 1.200 personas.

Respecto a los colegios de educación especial la ley establece que "el Gobierno, en colaboración con las administraciones educativas, desarrollará un plan para que, en el plazo de diez años (...), los centros ordinarios cuenten con los recursos necesarios para poder atender en las mejores condiciones al alumnado con discapacidad". En este capítulo muchos colectivos de todo el país han pedido que retire la ley entre ellos la Plataforma "Educación Inclusiva Sí, Especial También" que la califica como "ambigua" y que señala sólo conseguirá que se vacíen los centros para unos alumnos que necesitan atención especial.

 
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