Sociedad
opinión 

El callejero franquista y la insumisión

Colectivo Ciudadano de Huesca

Hay que reconocer el aplomo con que los concejales socialistas del Ayuntamiento de Huesca revisten de solemnidad y fingido acatamiento a la Ley de Memoria Democrática vigente en Aragón, la gran patraña que han urdido para mantener prácticamente intacto el callejero franquista de la ciudad. La enorme burla alcanza caracteres de disparate cuando a fin de justificar el mantenimiento de la placa de enaltecimiento del régimen dictatorial ubicada en el patio del Consistorio, pretenden colocar otra, “explicativa”, para defender la permanencia de la primera. Es una excusa tan injustificable y delirante como hiriente para cualquier sensibilidad democrática. Corregir una anomalía con otra mayor es un insulto a la inteligencia ciudadana.

El equipo de gobierno local y sus oscuros adherentes, adornan la artificiosa pirueta admitiendo reminiscencias franquistas en los rótulos de las calles Voluntarios de Santiago y Estrecho Quinto, pero no así en los de la Plaza de Navarra, Porches de Galicia y calle Rioja, blanqueadas ahora para aludir a las respectivas comunidades autónomas. Incluso la calle del falangista, como otros próceres que todavía no han sido nominados, Federico Mayo, pasará a titularse “Plaza grupo de viviendas Federico Mayo”. La simpleza argumental no puede atribuirse a ignorancia sino a una calculada equidistancia política en materia de memoria histórica, al ejercicio del gobierno municipal ajeno al coraje cívico y la responsabilidad ética. Pura tibieza y cobardía.

Por otra parte, no es opinable ni está sujeto a debate o controversia que los nombres de los alcaldes franquistas deben desaparecer del callejero. Lo contempla la Ley al señalar como elementos contrarios a la memoria democrática: “las denominaciones de calles, vías o lugares públicos que rindan homenaje a militares o políticos afectos al golpe de estado o al régimen franquista”. Los expertos no dejan lugar a dudas, es una obligación jurídicamente vinculante, no una potestad graciable. No se dirime si los alcaldes de la dictadura realizaron tal o cual obra necesaria, sino constatar el hecho de haber ocupado el cargo como consecuencia de su afinidad militante y adhesión sin fisuras al franquismo. Fueron nombrados alcaldes, precisamente, por ser afectos al régimen y sus ignominiosas instituciones. No puede haber otra lectura.

Siete regidores de la dictadura significan otras tantas calles y para mantener sus nombres en el nomenclátor no valen fingimientos ni ventilar embustes como que “se ha tenido en cuenta que nunca hayan sido investigados, acusados ni condenados por delitos de violencia contra las personas ni por delitos de sangre, ni de forma directa ni indirecta”. Abultado engaño incluso para salvar los muebles. Avergüenza este PSOE.

Para ser demócrata hay que ser antifranquista, pero en el Ayuntamiento de Huesca no parece que este sea el pensamiento dominante. Tampoco que se sientan obligados a cumplir la ley, se han declarado insumisos, aunque de conveniencia y oportunismo.

 
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