Irene Montero: "En España es imposible conciliar; el compromiso del Gobierno es cambiarlo"

¿Cómo valora su primer año como ministra de Igualdad, que ha coincidido con el coronavirus?
Para las mujeres ha sido especialmente difícil. Se han puesto negro sobre blanco muchos problemas estructurales que tiene este país. Por ejemplo, que es imposible conciliar, que las personas que sostienen los cuidados son las madres y las abuelas, también los colegios, y que cuando esos mecanismos se caen son las mujeres las que los llevan sobre sus hombros.

¿La pandemia ha acrecentado esos problemas?

Ha hecho acuciante la necesidad de políticas de conciliación, de que los cuidados sean un derecho, y la importancia de los servicios públicos. Hay que fortalecer lo común y poner en el centro la vida de las mujeres, no frente a los hombres, sino para que todos vivamos mejor.

¿Qué medidas concretas van a adoptar?

El problema no se va a resolver en una legislatura, pero el compromiso del Gobierno es trabajar para cambiarlo. Como Gobierno hemos hecho cosas diferentes a lo que habrían hecho otros. Hemos protegido a la gente que más lo necesita. Pero también hemos dejado deudas pendientes. La más importante, con las mujeres. No ha habido ninguna respuesta a un problema urgente de conciliación de miles de mujeres.

¿Por qué?

No hemos sido capaces, durante la pandemia, de encontrar un parche que compensara que en España nunca ha habido políticas públicas sólidas que favorezcan la conciliación y que entiendan los cuidados como un derecho. Se han entendido como una tarea privada que casi biológicamente correspondía a las mujeres.

¿Qué otra gran deuda ha quedado pendiente?

Con la infancia. Teníamos que haberla tenido en cuenta en el diseño de las políticas públicas. La semilla más importante que podemos plantar para resolver ese problema estructural es el Plan Corresponsables. Son 200 millones para facilitar la conciliación de familias con menores de 14 años. Queremos que refuercen los servicios públicos.

¿Cómo se facilitará la conciliación de esas familias?

Tenemos que hablarlo con las comunidades porque son las que van a tener las competencias. Los planes concretos tenemos que negociarlos también con las organizaciones de la sociedad civil. En las próximas semanas impulsaremos una mesa de diálogo sobre cuidados y conciliación.

¿Hay plazos?

No puedo darlos porque no solo depende de nosotras, pero la maquinaria del ministerio está centrada en asegurar que el Plan Corresponsables pueda concretarse en este primer semestre.

Otro de los problemas que dejó el confinamiento fue el encierro de las víctimas de violencia de género con sus maltratadores. 2020 fue el año con menos asesinatos pero aumentaron las denuncias por malos tratos. ¿Qué conclusiones extraen?

Desgraciadamente pensamos que sería así en cuanto se declaró el estado de alarma. Por eso, 48 horas después ya habíamos puesto en funcionamiento como esenciales los servicios de atención integral a las víctimas de violencia de género y habíamos ampliado las formas de contactar con el 016 a través de métodos más silenciosos que las llamadas, como Whatsapp o e-mail. También lanzamos el mensaje de que si tenían miedo salieran a buscar ayuda. Fue un plan de contingencia que después extendimos a las víctimas de trata con fines de explotación sexual y mujeres en contextos de prostitución. El confinamiento incrementa la sensación de control del agresor y por eso no aumentan necesariamente los asesinatos pero sí otras formas de violencia menos visibles para la sociedad.

¿Se pueden mantener esos mecanismos puesto que las situaciones anómalas persisten?

Sin ninguna duda. La ley de libertad sexual ahonda en que son necesarios esos servicios de atención especializada a las mujeres y reforzar mucho el proceso de recuperación. También hicimos un pacto con las comunidades sobre un mecanismo complementario al policial y judicial que permita a las administraciones identificar a víctimas de explotación sexual y en contextos de prostitución sin necesidad de denuncia o de que un juez acredite su situación para acceder a servicios socioasistenciales.

Con la ley de libertad sexual sigue habiendo dudas sobre cómo se articula el consentimiento. ¿Finalmente cómo quedará plasmado?

Estamos esperando a ver el informe del Consejo General del Poder Judicial. Le enviamos esa ley en octubre. Tenía un mes, pero se prorroga ya a más de tres. Ojalá esté cuanto antes para que pueda seguir su tramitación.

La ley trans también está generando polémica, con enfrentamientos con la parte socialista del Gobierno. ¿Cuáles son sus líneas generales?

Los borradores de la ley LGTBI y de la ley trans están en fase de redacción. Va a ser útil que próximamente podamos compartir esos textos para disipar dudas. Buscan garantizar los derechos materiales de personas que ahora, aunque los tienen reconocidos, les son vulnerados. Vamos a adaptarnos a la normativa internacional. La OMS dice que las personas trans no son personas enfermas, por lo tanto no les podemos exigir un informe psicológico o psiquiátrico. Y vamos a cumplir con las sentencias del Tribunal Supremo y del Constitucional, que dicen que la ley de 2007 tiene algunas lagunas.

También está entre sus planes reformar la ley de salud sexual y reproductiva. ¿En qué situación está el proyecto de derogar el permiso paterno para abortar a los 16 y 17 años?

Hay chicas que no pueden contar que se han quedado embarazadas y que quieren interrumpir ese embarazo o a las que, si lo cuentan, sus padres les impiden hacerlo. Y a lo mejor ese embarazo es consecuencia de una violación o de un abuso sexual en la familia. Hay casos en los que es conflictiva la autorización expresa de los padres, pero en España se debe garantizar la interrupción libre y segura del embarazo para todas las mujeres.

¿Irá acompañado de campañas de concienciación y sobre anticonceptivos?

La base para una relación sexual y sentimental basada en la igualdad es la educación desde muy temprano y estamos trabajando en ello con el Ministerio de Educación.

Esa ley también abordará la gestación subrogada. ¿Cómo se hará?

Los vientres de alquiler son un tipo de violencia machista. Tenemos que trabajar para que no se permita que en nuestro país sea posible de facto tener un hijo o hija a través de un vientre de alquiler o que las empresas que hacen esos contratos se anuncien de forma impune.

¿Las tensiones dentro del Gobierno pueden afectar a su continuidad?

Todo lo contrario. Esos conflictos, esas tensiones, siempre desde la lealtad al acuerdo de Gobierno y el respeto a nuestro socio, son el motor que garantiza la continuidad y estabilidad del Gobierno y el cumplimiento de cada uno de sus compromisos. Hay legislatura para rato.

¿Cree afortunado que Pablo Iglesias equiparara a Puigdemont con los exiliados republicanos?

El vicepresidente ha conseguido que por primera vez en nuestra democracia la derecha política y mediática defiendan la memoria y la dignidad de los héroes republicanos exiliados. Esperemos que eso se traduzca en que reconozcamos la nacionalidad de los hijos y nietos que tuvieron en el exilio. Nadie duda de nuestro compromiso ni el de Pablo Iglesias, con la dignidad de los demócratas republicanos exiliados y represaliados. Él mismo es hijo y nieto de víctimas de la dictadura.

¿Le preocupa la imagen del cruce entre usted y Teresa Rodríguez?
Las cosas en política se demuestran con hechos y desde el inicio, en este Ministerio estamos centradas en hacer políticas públicas feministas, que pasan por erradicar todas las violencias machistas y por el reparto de riqueza, tiempo y cuidados.

¿Teme que el Ministerio de Economía bloquee el plan para racionalizar horarios por la crisis?
La productividad no desciende en los países que repiensan la cantidad de horas que se trabaja, más bien lo contrario. Hay que desplegar medidas que reflexionen sobre los usos del tiempo, entre ellas, el número de horas trabajadas. No obstante, no querría dar a entender que es nuestra principal medida porque no somos el Ministerio de Trabajo y Economía Social.

A. Guede / J. Morales (20Minutos)