Isabel Celaá: "Si no hay vacuna, los colegios tendrán la mitad de alumnado en las aulas"

Se ha anunciado el inicio del próximo curso para septiembre. ¿Hay fecha concreta?
El día lo fijan las comunidades. Hay una horquilla amplia, habida cuenta de que tienen que cumplir como mínimo los 175 días de escolarización obligatoria.

Los padres se quejan de haberse enterado con el anuncio del plan de desescalada. ¿No se ha consensuado con la comunidad educativa?
No ha sido objeto de discusión, todo el mundo sabe que el curso empieza en septiembre. Lo que se trata en la conferencia sectorial con las comunidades es cómo concluimos éste, que acabará a finales de junio: la adaptación del currículo, cómo evaluar y luego la promoción.

¿En alguna comunidad los niños podrían volver a las aulas este trimestre?
Claro, en función de las fases de desescalada. La 1 contempla la apertura administrativa de los centros, empezando por su desinfección. Los centros tienen que hacer muchas tareas, entre ellas preparar el curso siguiente.

¿Cada centro podrá decidir que sus alumnos vayan a clase?
Será la fase 2, en la que las escuelas abren para los alumnos que afrontan un examen serio, como los de cuarto de la ESO, segundo de bachillerato o ciclos superiores de FP. También educación especial, por tener menos alumnos y garantizar las condiciones sanitarias, y la infantil de 0 a 6 años, si los padres acreditan que no pueden atender al niño porque trabajan. Y los centros de primaria o secundaria con alumnos con necesidad de refuerzo.

¿Tendrán medidas de protección garantizadas?
Evidentemente debemos garantizar que el profesorado tenga la protección adecuada para la atención al alumnado.

¿Qué pasa con los niños de más de 6 años cuyos padres también deben ir a trabajar?
Hasta que no tengamos un remedio o una vacuna la única herramienta para combatir al virus es el confinamiento. No podemos poner en riesgo todo lo avanzado. Si hablamos, por poner una cifra, de tres millones de niños en primaria, que acuden al colegio acompañados por un adulto, imaginemos el movimiento que se produce. Además, si todos los niños acuden a la vez no podremos salvaguardar la distancia obligada.

¿Hay algún plan para garantizar la distancia de seguridad?
Es en lo que estamos trabajando para el curso 20-21. Si no hay un remedio, los centros tendrán que estar a la mitad de su capacidad. Esto obliga a que una parte de alumnos estén trabajando presencialmente y otra parte, telemáticamente.

Hay hogares sin acceso a internet, lo que ahonda la desigualdad. ¿Saben cuántos son paran para dotarlos de medios o garantizarles clases en aula?
La digitalización es un principio rector de la ley que tramitamos en el Congreso. Afortunadamente, en España el 85% del territorio tiene banda ancha y tenemos escuelas conectadas. Sin embargo, todavía tenemos que abordar la brecha digital. Hay un porcentaje de alumnado, no tan alto como piensan algunos, sin recurso digital o que se ha visto obligado a compartirlo con sus hermanos o sus padres. Estamos identificándolos para proveerles de recursos.

¿Cómo lo concretan?

Con acuerdos con empresas, como Telefónica, hemos repartido recursos por comunidades. Hablamos de 20.000 tarjetas de datos. Hemos conseguido algunas otras a través de Xiaomi, Orange… A su vez los gobiernos autonómicos están haciendo lo propio, y desde el ministerio estamos preparando alguna otra actuación pública. Lo más problemático no es la brecha digital, que se resuelve con recursos, sino la brecha social.

¿Tienen manera de medir esa brecha para combatirla?
El inicio de curso primero va a ser de refuerzo de aquellos contenidos esenciales en los que no se ha profundizado en el final de este 19/20. Por eso es tan importante la modificación del currículo. Ahí es donde se verá exactamente qué se refuerza. Pero también ahora, en el tercer trimestre, que no puede perjudicar al alumno.

Si cada comunidad evalúa diferente, los estudiantes se verán penalizados o beneficiados según donde vivan.
Esencialmente no se va a hacer de manera diferente porque los profesionales saben cómo evaluar a sus alumnos y conocen las circunstancias. Se mide la superación de los objetivos generales de la evaluación o de las competencias en FP. Lo que hemos dicho, con la inmensa mayoría de las comunidades autónomas, es que, como el tercer trimestre no va a pesar negativamente, hay suficientes factores para una evaluación justa.

Hay comunidades que rechazan el paso de curso generalizado, salvo en casos excepcionales. ¿No unificar los criterios es injusto?
El estado de alarma no modifica la legislación vigente y no retira las competencias a las comunidades en materia educativa. ¿Quién evalúa siempre a los alumnos? La Junta de Evaluación, un conjunto del profesorado que actúa colegiadamente. Lo que decimos es que siga haciendo su labor.

¿Habrá más becas?
Estamos viendo cuál es el coste económico de cambiar los requerimientos académicos para el aumento. No hay una decisión, pero saldrán en tiempo y forma. Las becas se basan en la declaración de la renta del curso anterior, pero en previsión de las necesidades sí las vamos a mejorar.

El proyecto de la nueva ley de Educación -Lomloe- ha retomado su curso en el Parlamento entre críticas. ¿Por qué este momento, en plena pandemia?
Una vez en el Congreso, es la Cámara la que determina los momentos. La comunidad educativa conoce el proyecto porque se presentó a principios de 2019. Ahora había empezado con la fase de enmiendas, que fue suspendida al haber una suspensión de plazos administrativos general. Cuando los grupos decidieron reanudar la actividad se reanudaron los plazos de la ley. Y hay otras en marcha.

Parece imposible que una ley educativa, y van demasiadas, tenga consenso. Esta arranca sin acuerdo general.
Cada vez que tratamos cuestiones de FP nos ponemos todos de acuerdo pero cuando hay una ley de cuño socialista, la única fuerza que se queda fuera ha sido el PP.

Ahora tampoco la respaldan Ciudadanos ni Vox.
No estaban en esos momentos. Las leyes de cuño del PP solo han tenido el respaldo del PP. Algo querrá decir. Por otro lado, hay más puntos de acuerdo que de desacuerdo.

¿Cuáles?

Modificar el currículo, atención al profesorado específica... Hay cinco principios rectores en la ley: el interés superior del menor; una enseñanza personalizada, inclusiva; una enseñanza para el desarrollo sostenible; una coeducación, y una digitalización máxima. En esto parece que hay acuerdo.

Pero no en lo referente a la escuela concertada, que suscita la queja del sector.
No estamos en contra de la concertada, forma parte de lo público. Lo que queremos es que tanto el sector público como el concertado incorporen las necesidades del sistema de manera equilibrada.

El Gobierno PSOE-Podemos aumentó mucho las carteras. ¿Con esta crisis, reducirán su número y las agruparán?
No sé, necesitaríamos 23 o 30, con la tarea que hay que llevar adelante. El escenario está abierto a todas las reflexiones, pero esto no está en la agenda.

E. Samitier / A. Guede (20minutos)