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La AMI alerta: el sistema contra los bulos va contra la libertad de expresión

La asociación de los principales editores subraya que esta orden podría suponer una vulneración del espíritu del artículo 20 de la Constitución

La Asociación de Medios de Información (AMI) trasladó este jueves su "profunda preocupación" por el procedimiento contra la desinformación aprobado por el Gobierno y ha denunciado que va contra la libertad de expresión e información amparada por la Constitución.

En un comunicado, la AMI, que agrupa a los principales editores de noticias de España, ha subrayado que esta orden podría suponer en la práctica una vulneración del espíritu del artículo 20 de la Constitución, que establece el "derecho a expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción".

"Establecer niveles de activación que podrían llegar a la toma de decisiones y coordinación a nivel político en el marco del sistema de seguridad nacional, como indica la publicación en el Boletín Oficial del Estado, podrían conllevar la asunción de facultades que solo corresponden al poder judicial", ha advertido.

En la misma línea, ha lamentado que "en ningún momento" ha sido informada de la puesta en marcha de este procedimiento y ha incidido en que "la defensa de los derechos fundamentales debe producirse tal y como fueron concebidos en la Carta Magna".

El Gobierno ha aprobado un procedimiento de actuación contra las conocidas como 'fake news' mediante el cual monitorizará la información y podrá solicitar colaboración a los medios de comunicación para perseguir la "difusión deliberada, a gran escala y sistemática de desinformación, que persiguen influir en la sociedad con fines interesados y espurios".

Información veraz
La orden, publicada este jueves en el Boletín Oficial del Estado y firmada por el Ministerio de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática que dirige Carmen Calvo, justifica esta decisión en que "uno de los pilares que sustentan a las sociedades democráticas" es el acceso a la información veraz.

Así, para dar cumplimiento a este plan nacional, el Ejecutivo ha elaborado una estructura compuesta por el Consejo de Seguridad Nacional, el Comité de Situación, la Secretaría de Estado de Comunicación, la Comisión Permanente contra la desinformación, las autoridades públicas competentes y, por último, el sector privado y la sociedad civil.

Con este último, el Gobierno ha señalado que podrá solicitar la colaboración de los medios cuya contribución se considere "oportuna y relevante" para combatir las 'fake news'. En la orden se argumenta que el sector de la comunicación puede contribuir a este objetivo "con acciones como la identificación y no contribución a su difusión".

Además, en este marco para luchar contra la desinformación quedarán también integrados el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), la Presidencia del Gobierno y los gabinetes de comunicación de todos los Ministerios.

Desde el Partido Popular, el vicesecretario de Comunicación, Pablo Montesinos, ha acusado al Gobierno de coalición de PSOE y Unidas Podemos de "arrogarse la potestad de decidir" qué es 'fake news' y le ha emplazado a retirar su orden ministerial. Además, ha solicitado la comparecencia urgente en el Congreso de la vicepresidenta Carmen Calvo y de Iván Redondo, jefe de gabinete de Pedro Sánchez, para que ofrezcan explicaciones sobre este plan. Por su parte, el portavoz adjunto de Ciudadanos en el Congreso de los Diputados, Edmundo Bal, ha recordado que es el Código Penal el que establece los límites a la libertad de expresión y de prensa.

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