Las Cortes abordan la situación del Congosto de Ventamillo

La comisión de vertebración del territorio, afrontará, en la sesión de este miércoles, a partir de las 16 horas, un encuentro de trabajo centrado en el impulso a la acción del Gobierno de Aragón, con proposiciones no de ley presentadas por los grupos parlamentarios de PP, Podemos y Ciudadanos, relacionadas, entre otras cuestiones con la carretera N-260 entre Campo y el Congosto de Ventamillo.

La proposición no de ley, defendida por el PP, pretende que las Cortes insten al Gobierno autonómico a dirigirse al Ministerio de Fomento para licitar a la mayor brevedad posible la obra de reforma prevista para el citado tramo de doce kilómetros. En su exposición de motivos, la formación popular recuerda que los Presupuestos Generales del Estado de este año contemplan para la N-260 una dotación de tres millones de euros y una partida extra de otros ocho millones de euros, pese a lo cual “aún no han comenzado las licitaciones ni se han dado plazos, algo que, sumado a la inestabilidad del actual Gobierno, podría demorar el necesario arreglo de este tramo”, argumenta.

En la sesión, los diputados también confrontarán sus pareceres en relación a una iniciativa defendida por Ciudadanos para la implantación de un sistema de gestión de la señalización vertical de la red autonómica de carreteras, como “herramienta básica” para garantizar su adecuado mantenimiento dado el “elevado valor patrimonial” de la red viaria y del “gran esfuerzo inversor” que requiere su construcción. Ese sistema, contempla la propuesta, debe definir los índices de condición del estado de las vías, los umbrales de actuación, los modelos de deterioro, las acciones de conservación, la priorización de los tramos a conservar y las estrategias de conservación.

Por último, Podemos propondrá que las Cortes impulsen al Ejecutivo aragonés para que proceda a duplicar la plantilla de inspección dedicada a investigar y sancionar las infracciones urbanísticas delegadas por los ayuntamientos en el Gobierno de Aragón. En su exposición de motivos, la propuesta hace constar que más de un centenar de municipios aragoneses han delegado en el Gobierno de Aragón sus competencias en materia de disciplina urbanística para casos graves y muy graves, lo que hace “escasa” la plantilla disponible para dar respuesta a los requerimientos de los diversos consistorios.