educación 

Los centros de educación infantil ofrecen sus espacios para crear una red de gratuita de 0-3 años

Cartel de protesta de los Centros de Educación Infantil
Cartel de protesta de los Centros de Educación Infantil

La Patronal Aragonesa de Centros de Educación Infantil (Pacein) junto a la federación nacional del sector ha mostrado su malestar antes las propuestas que presenta la Ley Celaá en la educación 0-3 años. A su juicio esta nueva Ley no responde a la realidad poniendo en riesgo la supervivencia de la oferta educativa, los puestos de trabajo y la propia de una existencia de una Educación infantil más justa.

Patricia Betrián, vicepresidenta de la patronal aragonesa
CORTE BETRIAN 1 GUARDERIAS 08

Patricia Betrián, vicepresidenta de la patronal aragonesa

Desde Pacein su vicepresidenta Patricia Betrián, señalaba que la petición que se lanza a Educación es la creación de una red de centros gratuitos aprovechando los espacios ya existentes y que como dice la Ley sean gratuitos con ayudas directas a las familias. Además pedían al Gobierno que deje de vender humo y que aproveche las oportunidades que se le presentan para prestar este servicio, que podría entrar en funcionamiento el próximo año ya que se cuentan con plazas suficientes para cubrir la demanda en Aragón.

En este sentido Betrián agradecía el apoyo que recibieron de las Cortes de Aragón en la que todos los grupos políticos decidieron destinar una partida económica para ayudar a las familias directamente y lograr que la gratuidad llegue a todos los alumnos y que desaparezca la discriminación.

Anuncio WhatsApp Radio Huesca
Anuncio WhatsApp Radio Huesca

En estos momentos la educación infantil privada da servicio a más de 8.000 alumnos en Aragón. Según los cálculos de Pacien si todos los alumnos tuvieran que estar en un espacio así había que construir entre 80 y 100 centros nuevos, algo que en la situación económica se ven inviable para la patronal. Por eso solicitan al gobierno que aproveche la red de centros privados ya existentes.

La Ley Celaá, tal y como la plantea el Gobierno Central, supondría una asfixia para cientos de centros en España. En Aragón pondría en jaque más de 1.100 puestos trabajo, especialmente de mujeres. En el caso de la provincia se calcula que hay entre 20 y 30 centros privados.

Comentarios