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Una educación especial e integradora

Padres y docentes de niños con discapacidad intelectual ponen en valor la labor que realizan los colegios especializados

Ana Sánchez y su hijo Dani
Ana Sánchez y su hijo Dani

Araceli Guede (20minutos)
En 2005, Francia aprobó una ley para priorizar la escolarización de los alumnos con discapacidad intelectual en la educación ordinaria. Casi quince años después, en octubre, el diario 'Le Parisien' ponía rostro a la situación de muchas familias que se han visto obligadas a matricular a sus hijos en Bélgica por la falta de estructuras adecuadas para niños con autismo en su país.

En España, el proyecto de ley para una nueva reforma educativa ha suscitado el temor a que pueda ocurrir aquí algo parecido. Pese a que la ministra de Educación, Isabel Celaá, lo ha negado con "rotundidad", muchos padres creen que el objetivo es acabar con los colegios especializados. La plataforma 'Educación Inclusiva Sí, Especial También', formada por personas con discapacidad intelectual, familiares y docentes, celebró una manifestación en febrero del año pasado para exigir la eliminación de la disposición cuarta de la conocida como Ley Celaá. El tema ha resurgido con la reactivación hace unas semanas de la tramitación parlamentaria del proyecto.

La citada disposición establece que en diez años "el Gobierno, con las Administraciones educativas, desarrollará un plan para que los centros ordinarios cuenten con los recursos necesarios para atender al alumnado con discapacidad". Añade que esas Administraciones "continuarán prestando el apoyo necesario a los centros de Educación Especial para que estos, además de escolarizar a los alumnos y alumnas que requieran una atención muy especializada, desempeñen la función de centros de referencia y apoyo para los ordinarios".

El texto no expresa el cierre de instalaciones pero la plataforma interpreta que limitar esos centros "únicamente" a quienes requieran una atención muy especializada supondrá en la práctica eliminar la mayoría "arbitrariamente". "No hablan de cierre porque sería muy brusco pero hay muchas maneras de cerrar. Puedes no derivar a niños, no destinar recursos y asfixiarlos… puedes hacerlo de forma activa o pasiva. El informe de la ONU insta a incidir en la valoración psicopedagógica que se realiza a estos niños para ya en esa valoración no derivarlos", alerta una maestra con veinte años de carrera, la mitad dando apoyo a niños en centros ordinarios y la otra mitad en centros específicos.

El informe de Naciones Unidas que cita esta docente que prefiere no ser identificada fue elaborado por el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en 2017. En él, la institución sentencia sobre el sistema educativo español que "la segregación y la exclusión de los estudiantes con discapacidades de la educación general equivale a violaciones graves de su derecho a la educación". "El sistema educativo paralelo establecido para aquellos estudiantes con discapacidades que no encajan en las escuelas generales se convierte en trayectorias paralelas de la vida escolar, el empleo y más tarde la residencia, lo que lleva a resultados de vida muy diferentes", señaló la presidenta del organismo, Theresia Degener, que animó a acabar con esa dualidad.

Asociaciones como el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) comparten esa postura. Este colectivo exige la implantación de un único modelo en el que sea escolarizado todo el alumnado con discapacidad, "una obligación legal de la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad [ratificada por España] y que la legislación educativa española recoge casi como un brindis al sol". El comité aclara que no busca "liquidar ninguna estructura educativa que aporte valor a la educación de las personas con discapacidad" y que no se trata de desaprovechar el "enorme talento" de los centros específicos y sus profesionales, sino de que contribuyan con su "enorme experiencia" al sistema inclusivo.

Desde esa perspectiva, se niega que la presencia de alumnos con discapacidad en las clases ordinarias les perjudique a ellos mismos y ralentice el ritmo del resto de compañeros pero padres que han pasado por esa experiencia y profesores y expertos remarcan que esas buenas intenciones acaban produciendo el efecto contrario. "En el caso de la discapacidad sensorial o motora las barreras físicas se pueden eliminar, y aún hay centros que no están adaptados. El problema viene con la discapacidad intelectual. Llega un punto en el que las capacidades y necesidades de estos niños son tan diferentes respecto a las de su rango de edad que se quedan aislados porque los intereses no coinciden", señala la maestra entrevistada.

"Para nuestros chicos la comprensión social es un hándicap muy importante. Hay niños que en un entorno ordinario no entienden qué ocurre, no toleran el ruido, la rapidez... y eso les genera frustración", concreta Ana Cogolludo, orientadora en Aucavi Sur. Este centro concertado especializado en el trastorno del espectro autista impulsa la integración de sus alumnos en función de sus posibilidades. "Pasamos poco tiempo en clase. Abogamos por la inclusión en función de las características de cada uno, buscamos que desarrollen habilidades que favorezcan su integración en la sociedad teniendo en cuenta sus recursos y sus debilidades. Hay chicos que no pueden ir solos a comprar; otros sí, pero necesitan un entrenamiento específico", explica.

Esa atención individualizada y la formación del profesorado son otras de las fortalezas que se exponen en la defensa de los centros de Educación Especial, en los que el número de alumnos por aula ronda los cinco y donde los profesionales deben atender todas sus necesidades, desde las curriculares a las médicas pasando por las fisiológicas. Actualmente las escuelas ordinarias no están preparadas para abordar esos requerimientos y se duda de que se pudiesen destinar los recursos necesarios para dotarlas suficientemente. El proyecto de ley en debate carece de memoria presupuestaria en un contexto que se complica a raíz de la crisis generada por el coronavirus.

Los padres abogan por destinar los fondos disponibles a mejorar el modelo existente para que, por un lado, se solucionen los problemas que presentan algunos colegios públicos de Educación Especial y no sean ellos quienes carguen con los costes de darles a sus hijos la mejor salida. Denuncian de hecho que la desaparición de una oferta por parte del Estado solo dejaría como opción la privada, con el consiguiente perjuicio para los más vulnerables. Por otro lado con esos fondos deberían evitarse derivaciones por falta de medios a centros específicos de niños que sí pueden beneficiarse de la enseñanza ordinaria. Finalmente, "el derecho a no ser discriminado no supone tratar a todos igual, sino a cada uno como lo necesita".

Un 1,6% de la oferta escolar

En España hay 28.800 escuelas, de las que el 1,6% son de Educación Especial: 281 concertadas y privadas y 195, públicas.De los 8,2 millones de estudiantes en enseñanzas no universitarias, 38.130 están en colegios especializados, según el INE. Cerca del 60% va a la pública y el 40, a la concertada. Solo un 0,3% opta por la privada. En 2018, el total del alumnado con necesidades educativas especiales fue del 2,7%.

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