RIBAGORZA

Una treintena de vecinos de Castanesa se niegan a ser expropiados

Este martes, la jueza de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJA emitía el decreto de admisión a trámite de la demanda

Treinta y un propietarios de terrenos en el valle de Castanesa han interpuesto un recurso contencioso-administrativo contra la resolución del Consejero de Vertebración del Territorio sobre el procedimiento de expropiación de sus terrenos para la ampliación de la estación de esquí de Cerler por Castanesa. También Naturaleza Rural, que agrupa a vecinos y propietarios de Castanesa, y Ecologistas en Acción, han interpuesto sus propios recursos ante el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA).

Este martes, la jueza de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJA emitía el decreto de admisión a trámite de la demanda y el reconocimiento de legitimidad como demandantes de los treinta y un propietarios y de las dos asociaciones citadas, uniéndolas en una sola causa.

Con esta actuación, señalan, queda desmontado el argumento esgrimido de forma insistente y reiterada por parte del Ayuntamiento de Montanuy y del holding de la nieve, de que la única oposición al proyecto procedía de elementos ajenos al valle y al vecindario. Este pobre y trasnochado argumento pierde su validez si consideramos el origen foráneo de los promotores de las obras, los usuarios de la potencial estación de esquí y de los compradores de las viviendas de las promociones urbanísticas que las acompañarían.

Añaden que el descontento y la fractura social que Aramón ha causado en el valle, tiene su origen en que a unas familias privilegiadas se les ha enriquecido con la compra de parcelas rústicas a unos precios desorbitados mientras que a los propietarios de los terrenos de la montaña, que es donde se va a generar la actividad del esquí, supuesto motor del desarrollo, se les pretende expropiar a míseros precios de valoración catastral.

Las diferencias de valoraciones de las fincas a expropiar, entre lo expresado en el proyecto en el que se basa el PIGA y lo ofertado a los propietarios ascienden a varios millones de euros. Estas diferencias se fundamentan en una supuesta modificación del proyecto, anunciada por Aramón y por varios miembros del Gobierno de Aragón y de la que no se conocen documentos, tramitaciones o cualquier otra causa que le diera un fundamento legal. En ningún caso, añaden ambas asociaciones, se puede admitir la expropiación, independientemente del precio ofertado y más aún teniendo en cuenta que se expropia a legítimos propietarios en beneficio de una empresa mercantil que impone la actividad del esquí con fines lucrativos.

Naturaleza Rural y Ecologistas en Acción confían en que la justicia se imponga con adecuado criterio respecto a las confusas resoluciones de la administración, así como sobre las actuaciones llevadas a cabo por Aramón.